La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado 38 demandas contra entidades que, según el supervisor, habrían utilizado información falsa o engañosa para aparentar que eran asesores de inversión fiables y atraer a inversores minoristas. Entre los nombres señalados figuran CryptoOrbit, Pinnacle Crypto Exchange y Web3 University, aunque la SEC no sostiene que todas las partes demandadas operasen realmente en el ámbito de las criptomonedas.
Presentaciones oficiales con datos presuntamente falsos
Las acciones judiciales se presentaron el 27 de agosto y se refieren a información que las entidades habrían facilitado entre 2025 y 2026 mediante documentos oficiales destinados a asesores de inversión. La estrategia, de acuerdo con las acusaciones, consistía en lograr que sus nombres aparecieran en una base de datos pública del supervisor estadounidense.
La investigación detectó coincidencias que la SEC considera relevantes. Varias compañías habrían declarado exactamente las mismas cifras de activos bajo gestión, el mismo número de clientes y cantidades idénticas como inversión mínima. En otros casos, las empresas no se encontraban en las direcciones comunicadas o utilizaban números de teléfono que no funcionaban o que pertenecían a terceros.
El supervisor también cuestiona las referencias a auditorías. Algunas entidades afirmaban que sus cuentas habían sido revisadas por auditores, pero los investigadores no pudieron localizar a dos de esas firmas en los registros correspondientes. Cuando la SEC reclamó documentación sobre los activos, los clientes y las actividades desarrolladas, las empresas no aportaron, según las demandas, las pruebas solicitadas.
La presencia en una base de datos no equivale a una aprobación
El caso gira en parte alrededor de los llamados Exempt Reporting Advisers, o asesores declarantes exentos. Se trata de asesores de inversión que, al acogerse a una exención, no tienen que completar el proceso de registro ante la SEC, aunque sí deben presentar determinada información. Ese trámite puede hacer que su nombre aparezca en una base de datos oficial.
La SEC sostiene que esa presencia se habría utilizado para proyectar una imagen de legitimidad. Para un inversor, encontrar una empresa en una página gubernamental puede interpretarse como una señal de que el regulador ha comprobado sus datos o ha dado su aprobación. Sin embargo, la inclusión en ese registro no significa que la SEC haya verificado toda la información presentada ni que haya avalado a la compañía.
Algunas de las entidades investigadas habrían ido más allá y colocado certificados falsos en sus páginas web. Según el supervisor, esos documentos incorporaban datos reales de registro, un elemento que podía hacerlos parecer auténticos. La SEC también afirma que determinadas direcciones IP empleadas para presentar la documentación estaban vinculadas a ubicaciones fuera de Estados Unidos, aunque no ha precisado los países.
La SEC pide sanciones y el FBI participa en la investigación
Por el momento, la SEC no ha comunicado cuántas personas llegaron a transferir dinero ni cuál podría ser el número de inversores afectados. Tampoco se ha establecido todavía que las 38 entidades hayan infringido efectivamente la ley: las acusaciones deberán resolverse en el proceso judicial.
El supervisor ha solicitado al juez multas, prohibiciones permanentes y la exclusión de las partes demandadas del sistema utilizado para presentar esos informes. También pide que la información aportada sea retirada de la base de datos pública.
El FBI colaboró en la investigación a través de la Operation Level Up, una iniciativa orientada a localizar y advertir a posibles víctimas de fraudes de inversión. El caso pone el foco en una distinción relevante para quienes buscan servicios financieros o relacionados con activos digitales: que una entidad figure en un registro oficial no implica, por sí solo, que haya sido examinada o aprobada por el regulador.
