El Banco Central Europeo (BCE) asegura que el euro digital ofrecerá el máximo nivel de privacidad que permite la tecnología actual y que ni la institución ni los bancos centrales nacionales podrán identificar a la persona que se encuentra detrás de un pago concreto. La promesa, sin embargo, no ha despejado las dudas de las organizaciones defensoras de los derechos digitales, que cuestionan hasta qué punto esa protección dependerá de normas y compromisos institucionales.
El BCE dice que no podrá rastrear pagos individuales
Piero Cipollone, miembro del comité ejecutivo del BCE, sostiene que el diseño del euro digital impedirá asociar a usuarios concretos con sus operaciones. Según su explicación, el banco central y el resto de bancos centrales de la zona euro no tendrán capacidad técnica para realizar esa vinculación.
“El euro digital garantiza el máximo nivel de privacidad que permite la tecnología actual”, afirmó Cipollone. El responsable del BCE compara esa protección con la de una transferencia bancaria convencional, aunque considera que el nuevo sistema debería limitar aún más la información accesible para las entidades que intervienen en el pago.
La diferencia sería especialmente relevante en las operaciones sin conexión a internet. Cuando dos personas intercambien euros digitales fuera de línea, los datos de la transacción solo deberían estar en manos del pagador y del receptor. Cipollone equipara este funcionamiento al uso de efectivo, en el que no participa un intermediario que registre la identidad de quienes realizan el intercambio.
Las reservas se centran en los límites legales
La situación sería distinta en los pagos en línea. En esos casos, los bancos sí podrían identificar a sus clientes, entre otros motivos para cumplir con las normas contra el blanqueo de capitales. El BCE presenta esa identificación como una exigencia asociada al funcionamiento del sistema financiero y no como una capacidad de rastreo directo por parte del banco central.
Epicenter.works, una organización austriaca especializada en derechos digitales, y otras entidades de la sociedad civil mantienen sus reservas. Su preocupación es que la privacidad del euro digital descanse demasiado en garantías legales e institucionales y no en restricciones técnicas que hagan imposible acceder a determinada información.
La diferencia no es menor. Un límite técnico puede evitar que los datos se generen o que estén disponibles para su consulta. Una protección jurídica, en cambio, establece cuándo pueden utilizarse esos datos, pero también puede modificarse, interpretarse de otra manera por los tribunales o aplicarse con menor rigor cuando el sistema entre plenamente en funcionamiento.
Ese debate forma parte de las objeciones habituales a las monedas digitales de banco central, conocidas como CBDC. Sus críticos advierten de que, al menos en teoría, estas infraestructuras podrían dar a los gobiernos una mayor capacidad para supervisar o influir en los pagos de los ciudadanos. Las organizaciones de privacidad temen que esa posibilidad no quede suficientemente limitada por el diseño definitivo del euro digital.
El efectivo seguirá formando parte del sistema
Cipollone también rechazó la idea de que el euro digital vaya a sustituir a los billetes y las monedas. Para respaldar esa posición, recordó que el BCE ha iniciado una consulta pública sobre el diseño de los nuevos billetes en euros. “No tendría ningún sentido hacerlo si tuviéramos previsto eliminar el efectivo”, señaló.
La posición oficial del BCE es que ambas formas de dinero coexistirán. El Parlamento Europeo aprobó el mes pasado la normativa sobre el euro digital y su lanzamiento está previsto para 2029. Hasta entonces, las instituciones europeas deberán concretar cómo funcionarán en la práctica las salvaguardas de privacidad, especialmente en los pagos en línea y en los supuestos de acceso a la información.
