Los gobiernos pagan ya más de 2 billones de dólares al año en intereses de su deuda, según datos citados por Financial Times. La cifra marca un cambio relevante para las finanzas públicas: una parte creciente de los presupuestos se destina a remunerar a los acreedores, en lugar de financiar defensa, sanidad, seguridad energética, infraestructuras o rebajas fiscales.
En Estados Unidos, Reino Unido y Francia, el gasto en intereses ya supera al destinado a defensa. El dato refleja hasta qué punto el encarecimiento de la financiación soberana ha dejado de ser una cuestión contable de fondo para convertirse en una limitación directa de la política económica.
El final de la deuda barata
Durante años, los gobiernos pudieron aumentar su endeudamiento con un impacto relativamente reducido sobre sus presupuestos. Tras la crisis financiera, los bancos centrales mantuvieron los tipos de interés en niveles extremadamente bajos, lo que permitió refinanciar la deuda a un coste menor y aplazar parte de la factura.
Ese entorno ha cambiado. Los tipos han subido, los bancos centrales están reduciendo sus carteras de bonos y los inversores vuelven a exigir mayor disciplina a las cuentas públicas. Mientras tanto, el volumen total de deuda continúa creciendo.
La deuda pública de Estados Unidos superó el mes pasado los 40 billones de dólares. Además, se espera que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) capten conjuntamente 18 billones de dólares este año, una cifra récord.
El problema no reside únicamente en el tamaño de esa deuda. También importa el proceso de refinanciación: los títulos antiguos emitidos con tipos reducidos se sustituyen progresivamente por nueva deuda más cara. A medida que vencen las emisiones anteriores, el coste medio de financiación puede aumentar y trasladarse al presupuesto.
La espiral que vigilan los mercados
La dinámica puede volverse especialmente delicada si los inversores empiezan a exigir rentabilidades más elevadas para comprar bonos públicos. Un mayor coste de intereses debilita el presupuesto; unas cuentas públicas más frágiles pueden aumentar la preocupación del mercado, y esa inquietud puede presionar de nuevo al alza los tipos.
El resultado sería una espiral en la que cada incremento del coste de financiación eleva a su vez la factura de intereses. En Reino Unido y Francia, la combinación de presión presupuestaria, tipos altos y crecimiento débil ya muestra la vulnerabilidad política de este escenario. Cada nueva partida de gasto debe competir con una obligación financiera que gana peso.
La dimensión del problema depende también de la confianza de los inversores. Mientras exista demanda suficiente para la deuda soberana, los gobiernos conservan margen para financiarse. Si esa demanda se debilita o cambia de forma brusca el precio que el mercado exige, el ajuste puede ser más rápido.
La incógnita de la productividad y la IA
Un posible alivio sería un aumento significativo de la productividad impulsado por la inteligencia artificial. Si la economía creciera con mayor rapidez y eficiencia, podrían aumentar la recaudación fiscal y la capacidad para hacer sostenible la deuda. Esa es, sin embargo, una hipótesis todavía no garantizada.
El propio despliegue de la IA introduce además una nueva demanda de financiación. Las empresas tecnológicas están invirtiendo y endeudándose para construir centros de datos, adquirir semiconductores y desarrollar infraestructuras energéticas. De ese modo, compiten con los gobiernos por el ahorro disponible entre los inversores.
Si la deuda pública obliga a pagar tipos cada vez más altos, la financiación necesaria para ese ciclo de inversión también podría encarecerse. La presión sobre las cuentas públicas, por tanto, no se limita al presupuesto: alcanza a la capacidad de la economía para sostener nuevas inversiones.
