XRP cayó alrededor de un 12% en su peor momento de la sesión, frente a una pérdida cercana al 5% para Bitcoin (BTC), después de que el Senado de Estados Unidos bloqueara el avance de la ley CLARITY. Ripple sostiene que el revés legislativo no altera la base jurídica construida por la compañía tras años de litigio con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
El Senado frena la tramitación de CLARITY
La votación terminó con 49 senadores a favor y 50 en contra de iniciar la tramitación del proyecto. La propuesta necesitaba 60 votos para seguir adelante y pretendía establecer un marco federal más claro para determinar el estatus jurídico y la negociación de los criptoactivos en Estados Unidos.
El principal obstáculo fueron las disposiciones relacionadas con los intereses en criptomonedas de los políticos y sus familiares. El republicano Thom Tillis votó en contra por motivos tácticos, una decisión que deja abierta la posibilidad de que el texto vuelva al Senado si republicanos y demócratas alcanzan un acuerdo.
El proyecto, por tanto, no está definitivamente descartado. Si no se aprueba antes del final de la legislatura, el procedimiento podría tener que comenzar de nuevo en enero.
La posición jurídica de XRP tras el caso contra la SEC
La reacción de XRP fue especialmente intensa porque la regulación estadounidense ha sido durante años uno de los principales factores que han condicionado la percepción del activo. A finales de 2020, la SEC demandó a Ripple al considerar que la empresa había vendido XRP como un valor no registrado.
La resolución judicial de 2023 introdujo una distinción relevante. La jueza concluyó que las ventas de XRP realizadas a través de plataformas públicas de criptomonedas no constituían ventas de valores. En cambio, las ventas directas de Ripple a inversores institucionales sí quedaban sometidas a la legislación sobre valores.
El matiz impide interpretar el fallo como una clasificación automática de todas las operaciones con XRP. La decisión se centró en las circunstancias y en la forma en que Ripple comercializó el token en determinados casos. En 2024, la empresa recibió una multa de 125 millones de dólares por las ventas institucionales.
En agosto del año pasado, Ripple y la SEC retiraron sus recursos, de modo que las resoluciones existentes quedaron firmes. Para Stuart Alderoty, abogado de Ripple, esa base legal sigue vigente pese al bloqueo de CLARITY.
Más claridad legislativa, pero sin cambio inmediato en el caso de XRP
Alderoty afirmó que la sentencia federal de 2023 y los avances regulatorios posteriores sitúan a XRP en una posición más definida que antes del litigio. También señaló que, en marzo, la SEC y la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) publicaron una interpretación conjunta en la que nombraban a XRP como un activo digital de materias primas.
La ley CLARITY habría trasladado esa mayor claridad al marco legislativo nacional y reducido la dependencia del sector respecto a demandas individuales o interpretaciones de los supervisores. Su bloqueo no elimina, sin embargo, las resoluciones ya firmes en el caso de Ripple.
La caída de XRP refleja precisamente esa tensión. El activo cuenta con una situación jurídica más definida que muchas otras altcoins tras el proceso contra la SEC, pero su elevada sensibilidad a las decisiones regulatorias hace que reaccione con más fuerza cuando Washington vuelve a quedar sin acuerdo.
