Diecisiete fiscales generales de Estados Unidos han pedido al Congreso que rechace la CLARITY Act, una de las principales iniciativas legislativas del país para definir el marco regulatorio de los criptoactivos. El grupo considera que el texto, en su versión actual, podría reducir la capacidad de los estados para perseguir el fraude y proteger a los inversores.
La carta está encabezada por Letitia James, fiscal general de Nueva York, y cuenta también con el respaldo de sus homólogos de California, Illinois, Arizona, Kansas, Ohio y Wisconsin, entre otros estados. Su advertencia llega antes de una votación procedimental del Senado prevista para el martes, un trámite para el que el proyecto necesita reunir 60 votos.
El conflicto por el reparto de competencias
La CLARITY Act pretende establecer qué normas deben aplicarse a los criptoactivos en Estados Unidos y qué organismo debe supervisar cada actividad. Ese objetivo, sin embargo, ha abierto una disputa con los estados por el alcance de las competencias federales y estatales.
Los fiscales generales sostienen que la redacción actual podría otorgar a la Securities and Exchange Commission (SEC) facultades capaces de desplazar las normas de registro vigentes en cada estado. A su juicio, el efecto no se limitaría al mercado de criptoactivos, sino que podría extenderse a la supervisión general de los valores en Estados Unidos.
James afirmó que el texto, tal como está planteado, puede ampliar el margen de actuación de los defraudadores y dejar a los fiscales generales sin herramientas suficientes para proteger a los inversores y sus fondos. El grupo también teme que la ley no determine con precisión en qué situaciones prevalecerían las normas federales sobre las estatales.
Los fiscales generales creen que esa falta de claridad podría desembocar en nuevos litigios y complicar la exigencia de responsabilidades tanto a empresas como a quienes cometan fraudes. James ya había reclamado anteriormente que el Congreso preservara las competencias estatales e incorporara medidas más estrictas contra el blanqueo de capitales y los conflictos de intereses.
Una nueva versión antes de la votación del Senado
La oposición se produce pocos días después de que los republicanos presentaran una versión revisada de la propuesta, con más de 600 páginas. El nuevo texto incorpora varias demandas de los demócratas con el objetivo de obtener los apoyos necesarios para superar la votación procedimental del martes.
Uno de los cambios afecta a las reglas sobre posibles conflictos de intereses de los cargos públicos. La cuestión tiene una sensibilidad especial por los intereses de Donald Trump en el sector de los criptoactivos, incluida su relación con World Liberty Financial y con la memecoin Official Trump.
En la versión más reciente, los fiscales generales estatales asumirían un papel en la aplicación de las normas sobre conflictos de intereses de los funcionarios públicos. En los borradores anteriores, esa responsabilidad recaía principalmente en el Departamento de Justicia federal.
El proyecto también introduce modificaciones sobre las stablecoins. El secretario del Tesoro podría restringir durante un máximo de 18 meses las recompensas asociadas a estas monedas si provocan una salida significativa de depósitos de ahorro de bancos pequeños.
Los cambios no convencen a los fiscales generales
Los firmantes de la carta consideran que las revisiones siguen siendo insuficientes. Además de las disposiciones sobre stablecoins, la nueva versión incorpora ajustes relacionados con los desarrolladores de software, la negociación por parte de entidades vinculadas y la aplicación estatal de las normas de protección al consumidor.
Para los fiscales generales, esos cambios no resuelven el problema central: cómo se coordinarán las competencias federales y estatales ni qué capacidad conservarán los estados para actuar contra el fraude. La votación del martes no decidirá todavía la aprobación definitiva de la CLARITY Act, pero determinará si el proyecto puede continuar su recorrido legislativo. La carta de los 17 fiscales generales añade presión política en el último tramo de las negociaciones.
