La propuesta de regulación cripto que avanzó en el Senado de Estados Unidos llegó a fijar un umbral concreto para los conflictos de interés: los altos cargos federales con participaciones de al menos 15.000 dólares en determinadas empresas emisoras o patrocinadoras de activos digitales tendrían que venderlas o colocarlas en un fideicomiso ciego cualificado. La restricción también habría alcanzado a sus cónyuges, pero no a sus hijos adultos.
El proyecto de ley CLARITY no llegó a convertirse en norma. El Senado no consiguió hacerlo avanzar el 15 de septiembre. Aun así, su redacción dejó al descubierto uno de los debates más delicados de la política cripto estadounidense: hasta dónde deben extenderse las reglas de ética cuando la riqueza de un funcionario permanece vinculada a un negocio familiar.
Una norma sobre conflictos de interés, no sobre tener bitcoin
La disposición no planteaba una prohibición general de poseer criptomonedas. Tener 20.000 dólares en bitcoin, por sí solo, no habría activado la obligación. El texto se dirigía a las participaciones en empresas o filiales cuya principal fuente de ingresos, durante cualquiera de los tres años naturales anteriores, fuera la emisión o el patrocinio de activos digitales. Los activos tradicionales tokenizados quedaban excluidos.
La propuesta también impedía a los cargos cubiertos emitir o patrocinar activos digitales a cambio de una remuneración. El ámbito incluía al presidente, el vicepresidente, altos funcionarios del Ejecutivo, miembros del Congreso y otros cargos sujetos a las obligaciones federales de declaración patrimonial.
El presidente Donald Trump y los republicanos defendieron un texto que, según estos últimos, incorporaba buena parte de una propuesta de ética apoyada por ambos partidos y decenas de cambios solicitados por los demócratas. Sin embargo, varios legisladores demócratas consideraron que las garantías seguían siendo insuficientes. El punto de fricción estaba precisamente en la frontera entre el funcionario y sus hijos adultos.
El caso Trump y el ejemplo de Howard Lutnick
La cuestión adquiere una dimensión práctica en el caso de la familia Trump. La última declaración financiera certificada del presidente reflejó más de 1.400 millones de dólares de ingresos procedentes de negocios cripto en 2025, según Reuters. La mayor parte estaba relacionada con World Liberty Financial y con el negocio de la moneda meme de Trump. World Liberty fue fundada junto con miembros de su familia, incluidos sus hijos.
La Casa Blanca ha sostenido que los hijos de Trump gestionan sus finanzas y que sus intereses privados no influyen en la política de la Administración. Con la redacción del Senado, una participación que siguiera siendo propiedad directa de Trump podría haber exigido una venta o su traslado a un fideicomiso ciego. La misma obligación habría afectado a su cónyuge. En cambio, los activos poseídos de forma independiente por hijos adultos habrían quedado fuera de esa exigencia concreta.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ofrece otro ejemplo. Antes de incorporarse al gabinete de Trump en febrero de 2025, pasó décadas al frente de Cantor Fitzgerald, una importante firma de negociación e inversión de Wall Street. La compañía mantiene una relación estrecha con Tether, la empresa responsable de USDT, la mayor moneda estable del mundo. Cantor ha custodiado para Tether deuda del Tesoro estadounidense por valor de miles de millones de dólares y sigue participando en su negocio estadounidense como custodio de reservas y operador principal preferente de su moneda estable regulada.
Al entrar en el Gobierno, Lutnick dejó Cantor Fitzgerald y posteriormente transfirió su participación a fideicomisos en beneficio de sus hijos adultos. Su hijo Brandon dirige ahora la firma y controla los fideicomisos que concentran los derechos de voto. Los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos reflejaron que, tras la transferencia de octubre de 2025, Howard Lutnick ya no mantenía la titularidad efectiva de los valores vinculados a esa estructura de control.
La diferencia entre un fideicomiso ciego y transferir el negocio a los hijos
La separación legal de Lutnick respecto a Cantor es relevante, pero no elimina la exposición económica de la familia al mismo negocio. Un fideicomiso ciego cualificado exige un administrador independiente y limita el conocimiento y el control del funcionario sobre las inversiones. No basta con cambiar el nombre que aparece en los documentos.
Además, los activos transferidos no dejan de contar automáticamente a efectos de conflicto. La normativa federal suele considerar que el funcionario conoce sus participaciones originales hasta que el administrador las vende o caen por debajo del umbral aplicable.
La propuesta de CLARITY habría obligado a utilizar esa separación formal para determinadas participaciones, pero mantenía fuera del alcance automático a los hijos adultos. Esa línea coincide con la legislación federal tradicional, que suele atribuir al funcionario los intereses financieros del cónyuge o de los hijos menores, pero no los de un hijo adulto económicamente independiente.
El debate no quedó resuelto con el fracaso del proyecto. Las normas sobre monedas estables, acceso bancario y emisión de tokens pueden alterar con rapidez el valor y la viabilidad de las empresas del sector. El Congreso sí discutió cómo alejar a un presidente o a un secretario del negocio que controla; lo que no llegó a acordar fue hasta dónde debe seguir esa restricción cuando el negocio pasa a la siguiente generación.
