Donald Trump compró el 18 de agosto bonos de SpaceX por un importe situado entre 1 y 5 millones de dólares. Dos días después, el presidente de Estados Unidos firmó un memorando para acelerar la expansión del transporte espacial desde territorio estadounidense, una coincidencia que ha reavivado las dudas sobre los conflictos de intereses vinculados a sus inversiones.
La operación aparece en la declaración financiera presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), el organismo encargado de supervisar la conducta de los funcionarios de la Administración. El documento recoge 517 transacciones realizadas en agosto, con un valor agregado estimado de entre 74 y 273 millones de dólares. La normativa obliga a declarar rangos, por lo que no se conoce el importe exacto de cada compra.
Una inversión en deuda con vencimiento en 2031
Los activos adquiridos por la cartera de Trump no fueron acciones de SpaceX, sino bonos de la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk. Estos títulos representan un préstamo a la empresa, ofrecen un interés del 5,35% y tienen previsto su vencimiento en julio de 2031.
La compra se produjo antes de que el presidente aprobara una iniciativa orientada a ampliar de forma significativa la actividad espacial en Estados Unidos. El memorando fija como objetivo superar los 1.000 lanzamientos y misiones de retorno al año desde el país en 2030. Para alcanzarlo, plantea acelerar los permisos y las evaluaciones ambientales, facilitar a las empresas el acceso a instalaciones públicas de lanzamiento y promover la inversión privada en infraestructuras espaciales.
El texto presidencial no menciona a SpaceX. La empresa, sin embargo, ya trabaja con la NASA y figura entre los principales proveedores del Pentágono. Esa posición la sitúa entre las compañías que podrían beneficiarse de una eventual ampliación del mercado de lanzamientos comerciales y de un mayor uso de las infraestructuras públicas.
Trump ya había tenido exposición a SpaceX. En junio, el mes de la salida a bolsa de la compañía según la declaración citada, y en julio, sus cuentas adquirieron acciones por un máximo de 50.000 dólares en cada uno de esos meses. La compra de deuda de agosto fue, por tanto, hasta cien veces superior a esas operaciones.
La Casa Blanca niega que exista conflicto
La legislación estadounidense no obliga al presidente a desprenderse de sus acciones. Los funcionarios deben evitar intervenir en decisiones que afecten a sus inversiones, aunque esa exigencia no se aplica al presidente. Trump sí debe comunicar sus operaciones en un plazo de 45 días y continúa sujeto a la prohibición de utilizar información privilegiada.
Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, sostiene que la cartera está gestionada por profesionales independientes mediante modelos informáticos que siguen índices como el Schwab 1000. Según su versión, las decisiones corresponden exclusivamente a esos gestores y no existe conflicto de intereses.
Richard Painter, que fue el principal asesor jurídico en materia de ética del presidente George W. Bush, discrepa. En declaraciones a CNN, afirmó que las operaciones generan un conflicto de intereses y una “apariencia de corrupción”, aunque no acusó a Trump de haber actuado ilegalmente.
Una actividad inversora muy superior a la de sus predecesores
La compra de bonos de SpaceX forma parte de una actividad financiera mucho más intensa que la registrada al comienzo del primer mandato de Trump. En 2017 declaró 86 operaciones con acciones. En 2025 comunicó más de 21.000 transacciones repartidas entre ocho cuentas, con activos conjuntos de al menos 858 millones de dólares.
En agosto también adquirió acciones de Meta por entre 5 y 25 millones de dólares. Ese mismo día, sus cuentas compraron títulos de Netflix, Chevron y AT&T por entre 1 y 5 millones en cada caso. En junio y julio de este año la cartera registró más de 1.000 operaciones mensuales; las 517 de agosto fueron, en comparación, una cifra menor.
La mayoría de los presidentes estadounidenses desde Lyndon Johnson optaron por un fideicomiso ciego, vendieron acciones concretas o utilizaron fondos diversificados para reducir estos vínculos. No es una obligación legal, pero durante décadas funcionó como una norma no escrita en la Casa Blanca. El patrimonio declarado por Trump incluye además ingresos superiores a 1.400 millones de dólares en 2025 procedentes de proyectos de criptomonedas de su familia, principalmente World Liberty Financial y su moneda meme.
