Un tribunal de Londres ha decidido que las reclamaciones sobre más de 61.000 bitcoin (BTC) incautados en el Reino Unido deberán examinarse conforme a la legislación china. El fallo supone un revés para miles de afectados por un fraude de inversión y puede limitar su capacidad para reclamar la revalorización que han experimentado esos activos desde que se produjo la estafa.
El tribunal fija la ley aplicable a las reclamaciones
El caso se centra en una de las mayores incautaciones de bitcoin vinculadas a un fraude. Las autoridades británicas confiscaron los activos después de que parte del dinero captado en China fuera convertido en criptomonedas. Desde entonces, las víctimas han acudido a la justicia británica para intentar recuperar los fondos.
El Tribunal Superior de Londres ha establecido que los derechos de propiedad sobre esos bitcoin deben determinarse con arreglo a la legislación china. La resolución no decide por sí sola cómo se distribuirán los activos ni excluye automáticamente a los afectados de cualquier compensación. Sí determina, en cambio, el marco jurídico que se empleará para valorar sus reclamaciones.
La elección de esa legislación resulta especialmente relevante por la diferencia entre el dinero originalmente perdido y el valor actual de los bitcoin incautados. Los afectados aspiran a recuperar su inversión y, en su caso, a beneficiarse de la subida de la criptomoneda. Según la información disponible, los activos tienen ahora un valor de varios miles de millones de dólares, por lo que la disputa sobre las posibles plusvalías tiene un peso central en el procedimiento.
Un fraude que afectó a unas 128.000 personas
En el origen del litigio está Zhimin Qian, implicada entre 2014 y 2017 en un plan de inversión fraudulento en China. Las acusaciones sostienen que unas 128.000 personas fueron víctimas del esquema. Una parte de los fondos obtenidos terminó convertida en bitcoin.
Qian se trasladó posteriormente al Reino Unido, donde las autoridades localizaron e incautaron la criptomoneda. La cuestión pendiente desde entonces es determinar quién tiene derecho sobre esos activos y bajo qué criterios deben atenderse las reclamaciones de los afectados.
La decisión del tribunal londinense puede complicar la pretensión de que las víctimas reciban el valor actualizado de sus inversiones. La legislación china podría llevar a que la compensación se calcule sobre las pérdidas originales, aunque el fallo no establece todavía cuál será la cantidad definitiva que recibirá cada reclamante.
El reparto de los bitcoin aún debe resolverse
El despacho Fieldfisher, que representa a un grupo de víctimas, está estudiando recurrir la sentencia. En el procedimiento también participan otras firmas. Candey representa, según la información facilitada, a unos 5.700 afectados.
La Fiscalía británica, conocida como Crown Prosecution Service (CPS), interviene asimismo en la gestión de los activos incautados. Su participación se debe a que la criptomoneda forma parte de un procedimiento relacionado con la actuación penal del Estado británico.
El caso tendrá nuevas vistas antes de que se determine cómo se repartirán finalmente los más de 61.000 BTC y qué compensación corresponderá a las víctimas. La resolución sobre la legislación aplicable marca un paso importante, pero no cierra la disputa: todavía queda por concretar quién podrá reclamar, qué importe se reconocerá y si los afectados podrán recuperar algo más que el valor de sus pérdidas originales.
