Venezuela permite comprar, conservar, vender y utilizar criptomonedas para pagar, pero mantiene prohibida la minería. El Gobierno ratificó en mayo de 2026 el veto absoluto a esta actividad, mientras el resto de operaciones con bitcoin, USDT y otros criptoactivos continúa amparado por el marco legal vigente.
La norma principal es el Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, publicado en la Gaceta Oficial 41.575 en 2019. El texto regula sobre todo a las empresas que prestan servicios relacionados con estos activos y atribuye a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) la función de autorizarlas y supervisarlas.
Comprar y pagar con criptomonedas sigue siendo legal
Ninguna norma vigente prohíbe a una persona tener bitcoin, USDT u otras criptomonedas. También es legal comprarlas, venderlas y utilizarlas para pagar en comercios. En el caso de los contribuyentes especiales, los cobros realizados en cripto están sujetos al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), con una tasa del 3%.
El uso de exchanges y de mercados P2P tampoco está prohibido, aunque la legislación exige que las plataformas que operan en el país dispongan de una licencia de la SUNACRIP. Una providencia publicada por el organismo en 2022 advertía de multas de entre 100 y 300 petros por utilizar plataformas no autorizadas. Sin embargo, el petro dejó de existir en 2024, por lo que no está claro cómo se calcularían actualmente esas sanciones. Tampoco se conocen casos públicos de usuarios castigados por utilizar un exchange internacional.
La SUNACRIP permanece intervenida desde marzo de 2023, después del caso PDVSA-Cripto y de la detención de su entonces superintendente, Joselit Ramírez. El organismo funciona desde entonces con una junta interventora y un proceso de reestructuración prorrogado por el Gobierno. Pese a esa situación, continúa concediendo autorizaciones: Kontigo tiene licencia como exchange hasta el 8 de enero de 2027 y Crixto opera con una licencia vigente, según la información citada por CriptoNoticias.
La minería permanece bajo veto oficial
La prohibición llegó en mayo de 2024, cuando el Ministerio de Energía Eléctrica, con apoyo de Corpoelec y del Ministerio Público, ordenó desconectar las granjas de minería. En Maracay fueron incautados más de 2.300 equipos, según iProUP.
El 7 de mayo de 2026, el Ministerio ratificó el “veto absoluto” a la minería de criptomonedas y anunció controles y sanciones. La prohibición no impide poseer o intercambiar activos digitales, pero sí operar equipos destinados a validar transacciones y generar nuevas monedas. Datos de Hashrate Index citados en la fuente apuntan, no obstante, a que la actividad clandestina continúa creciendo.
Impuestos, bancos y cambios registrados en 2026
Las ganancias obtenidas con criptomonedas deben declararse en el Impuesto sobre la Renta (ISLR), cuyo plazo vence el 31 de marzo de cada año. El IGTF del 3% se aplica a los pagos en cripto realizados a contribuyentes especiales. En cambio, desde julio de 2024 la tasa del impuesto para operaciones en bolívares es del 0%.
Durante 2026 también se produjeron cambios en los canales de pago. Tras la Licencia General 57 de la OFAC, emitida el 14 de abril, Binance volvió a aceptar desde el día siguiente al Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco Central de Venezuela en su mercado P2P.
El Banco Central de Venezuela anunció además el diseño de un mecanismo para comprar y vender divisas mediante bancos y casas de cambio, aunque hasta octubre no se habían ofrecido detalles. En paralelo, el USDT seguía cotizando por encima del tipo oficial: al cierre del 13 de octubre, la tasa del BCV era de 876,80 bolívares por dólar, frente a 1.012 bolívares en la mediana P2P, una prima del 15,4%.
El marco podría cambiar. En junio de 2026, el diputado Genkerve Tovar anunció mesas técnicas para preparar una nueva ley o reformar la vigente, pero hasta octubre no se había presentado ningún proyecto. Mientras tanto, el petro ya no forma parte del sistema: PetroApp cerró el 15 de enero de 2024 y sus saldos fueron convertidos a bolívares en la plataforma Patria. Ninguna norma obliga actualmente a utilizar una criptomoneda estatal.
