El precio del gas natural en Europa ha alcanzado su nivel más alto desde diciembre de 2022, mientras la guerra de Estados Unidos contra Irán eleva la factura energética de la Unión Europea en más de 100.000 millones de euros, según Bloomberg. Los líderes de los Veintisiete se reúnen en Bruselas durante dos días con pocas herramientas para contener una crisis que llega cuando las reservas de gas están en mínimos históricos y las finanzas públicas soportan una presión mayor que en la anterior emergencia energética.
Una factura energética superior a 200 euros por habitante
Europa importa la mayor parte del petróleo y el gas que consume. Por eso, el conflicto está teniendo un impacto directo sobre los costes energéticos, la inflación y las perspectivas de crecimiento de los Estados miembros. El incremento de la factura de importación de combustibles fósiles supera ya los 100.000 millones de euros, unos 111.000 millones de dólares, lo que equivale a más de 200 euros por habitante de la UE.
La situación se complica por el nivel de las reservas de gas, que se encuentran en mínimos históricos a las puertas de la temporada de calefacción. Cualquier respuesta de emergencia tendría además un coste elevado. Los topes a los precios y las rebajas fiscales podrían aliviar a hogares y empresas, pero aumentarían la presión sobre unas cuentas públicas ya tensionadas.
La subida de los tipos de interés añade otra dificultad: los Estados deben pagar más para financiarse. Elise Viadere, investigadora del Centre for European Reform, subraya que los gobiernos europeos afrontan ahora la segunda crisis energética en cuatro años con un nivel de deuda pública más elevado y mayores costes de financiación.
Bruselas prepara medidas, pero sin efecto inmediato
La Comisión Europea trasladará a los líderes que no existe una solución capaz de rebajar de forma rápida los precios de la energía. Un alto funcionario comunitario, que pide mantener el anonimato por el carácter confidencial de las conversaciones, advierte de que las propuestas sobre la mesa no reducirán los costes a corto plazo.
Entre las opciones figura prorrogar las compras conjuntas de energía y prolongar las ayudas estatales destinadas a las industrias más afectadas. La Comisión también plantea aplazar una norma climática relativa a las emisiones de metano de los combustibles importados. El borrador de conclusiones de la cumbre pide, además, nuevas medidas a corto plazo, aunque no concreta cuáles.
El Ejecutivo comunitario estudia asimismo un impuesto europeo sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías energéticas como consecuencia de los precios elevados. Tras la invasión rusa de Ucrania se aplicó una medida similar, con un gravamen equivalente al 33% de esos beneficios adicionales.
La posibilidad de repetirla genera reticencias entre varios Estados miembros. Existe preocupación por que el impuesto reduzca los recursos disponibles para invertir en refinerías de petróleo, mientras algunos gobiernos se oponen directamente a la medida.
División sobre las medidas de largo plazo
Tampoco hay consenso sobre el futuro del mercado europeo de derechos de emisión, conocido como ETS. Países Bajos, España y los países escandinavos rechazan modificar el régimen por el que las empresas pagan por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro checo, Andrej Babiš, defienden en cambio aplazar la ampliación del sistema a la calefacción y al transporte por carretera, prevista para 2028.
La única actuación concreta con capacidad de incidir a corto plazo podría llegar por el lado del diésel. La Agencia Internacional de la Energía decidirá si los países del G7 ponen rápidamente en el mercado un volumen adicional. La medida, sin embargo, no resolvería la escalada del gas, que concentra buena parte de la presión sobre la economía europea.
