El Senado francés ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que permitirá a las administraciones tributarias intercambiar automáticamente datos sobre operaciones con criptomonedas con otros países. La medida, todavía pendiente de la Asamblea Nacional, pretende dificultar la ocultación de patrimonio en criptoactivos, pero ha abierto también un debate sobre la seguridad de los inversores cuyos datos quedarían al alcance de las autoridades.
Un marco internacional para seguir el rastro de las criptomonedas
El texto aprobado el martes por la Cámara Alta francesa ya ha sido remitido a la Asamblea Nacional, donde continuará su tramitación. Por ahora, por tanto, no se trata de una norma definitiva.
La iniciativa se apoya en el Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF), desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El objetivo de este sistema es que los países participantes recopilen y compartan información de manera homogénea, de modo que las autoridades puedan identificar activos y operaciones mantenidos fuera del país de residencia fiscal del usuario.
Francia ya había avanzado en esta dirección con la ley de presupuestos de 2025, que incorporó las reglas europeas de comunicación de información conocidas como DAC8. Estas obligan a las plataformas de criptomonedas a proporcionar a las administraciones tributarias datos de sus clientes y de sus transacciones. Posteriormente, esa información puede compartirse con las autoridades fiscales del país europeo donde resida el usuario.
El proyecto francés ampliaría ahora ese intercambio automático al ámbito internacional. Entre los datos que podrían quedar integrados en estos circuitos figuran la identidad de los inversores, sus direcciones, los números de identificación fiscal y el volumen de sus operaciones.
La seguridad física entra en el debate fiscal
La acumulación de información preocupa especialmente por el contexto de violencia que afecta a los titulares de criptomonedas en Francia. Faustine Fleuret, responsable de relaciones públicas internacionales de la plataforma Morpho, advirtió en declaraciones a Cointelegraph de que una filtración de datos sobre propietarios de criptoactivos no solo comprometería su privacidad, sino también su integridad física.
La preocupación se extiende a los planes de la Comisión Europea para crear, como muy tarde a finales de 2026, una base de datos centralizada con la información declarada sobre criptomonedas. Las administraciones tributarias nacionales podrían consultar en ella los datos correspondientes a sus propios contribuyentes. Para Fleuret, concentrar esa información en un único punto podría convertir la base en un objetivo especialmente atractivo para los ciberdelincuentes y agravar el impacto de cualquier incidente.
Las cifras citadas por la empresa de seguridad blockchain CertiK explican la sensibilidad del debate. Durante el primer semestre de 2026 se confirmaron 52 ataques físicos contra titulares de criptomonedas en todo el mundo, de los que 33 tuvieron lugar en Francia. En estos asaltos, los delincuentes utilizan amenazas o violencia para forzar a las víctimas a entregar sus activos, en una modalidad conocida como «ataques de la llave inglesa».
Uno de los episodios más destacados se produjo en marzo, cuando un matrimonio francés de alrededor de 60 años fue asaltado por personas que se hicieron pasar por policías. Los atacantes se llevaron aproximadamente un millón de dólares en Bitcoin.
Otra medida fiscal sigue pendiente
El Parlamento francés debate además cambios específicos sobre la tributación de las criptomonedas. El 16 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó una enmienda que gravaría, a partir del 1 de enero de 2027, las ganancias obtenidas al convertir criptomonedas en determinadas monedas estables, cuyo valor está vinculado, por ejemplo, al dólar estadounidense.
Esta propuesta tampoco ha concluido su recorrido legislativo. La discusión de la parte de ingresos de los presupuestos continúa y la votación estaba prevista para el 3 de noviembre. En paralelo, el proyecto sobre intercambio internacional de datos deberá superar las siguientes fases parlamentarias antes de convertirse en ley.
El reto para las autoridades francesas y europeas consiste en reforzar la lucha contra la evasión fiscal sin crear concentraciones de información que faciliten la identificación y localización de inversores. En Francia, donde los ataques físicos registrados alcanzan una proporción elevada, la discusión ya no se limita a la privacidad financiera.
