El Bundestag ha aprobado una reforma que permitirá a las aduanas alemanas inmovilizar criptoactivos y otros bienes de alto valor sin que exista un proceso penal abierto. La medida, incluida en una estrategia más amplia contra el blanqueo de capitales, todavía debe recibir el visto bueno del Bundesrat antes de entrar en vigor.
La norma autoriza a las autoridades aduaneras a bloquear durante un máximo inicial de 30 días bienes valorados en más de 100.000 euros cuando su origen lícito no resulte verosímil. El alcance incluye efectivo, vehículos, inmuebles y criptoactivos. Según la equivalencia recogida en la ley, el umbral representa aproximadamente 1,8 bitcoins (BTC) a la cotización actual.
Una inmovilización que puede prolongarse más de 180 días
Un juez podrá ampliar la inmovilización una sola vez durante otros 150 días. La decisión se tomaría sin celebrar una vista y sin posibilidad de recurso, de acuerdo con la información de la norma. En consecuencia, los 180 días que se mencionan habitualmente no constituyen necesariamente el límite máximo.
Si las aduanas solicitan el decomiso definitivo de los bienes, el cómputo del plazo queda suspendido hasta que el juez se pronuncie. La ley tampoco precisa cómo se aplicará el mecanismo a las criptomonedas mantenidas en autocustodia, donde el propietario conserva la clave privada que permite acceder a los fondos.
La asociación alemana del sector blockchain Bundesblock sostiene que, en esos casos, el control suele estar en manos de quien posee esa clave. El Estado tendría que actuar directamente contra el titular para acceder a los activos, en lugar de dirigirse a un tercero, como una plataforma de intercambio.
La carga de la prueba, en el centro del debate
Formalmente, corresponde al Estado convencer a los jueces de un tribunal de lo financiero de que los bienes tienen un origen ilícito para ordenar el decomiso definitivo. Sin embargo, la exposición de motivos de la ley indica que guardar silencio o alegar desconocimiento normalmente no será suficiente para evitarlo. En la práctica, esa situación puede trasladar parte de la carga probatoria al propietario.
El diputado del SPD Ingo Vogel defendió durante el debate que la reforma no establece un decomiso automático ni una inversión general de la carga de la prueba. El ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, expresó en agosto una posición más contundente: quienes no puedan acreditar que adquirieron legalmente sus bienes podrían quedarse temporalmente sin ellos.
El Consejo Federal de la Abogacía alemana (BRAK) ha advertido de que la falta de documentación no debería considerarse por sí misma una prueba de origen ilícito. El problema puede afectar, por ejemplo, a patrimonios recibidos en herencias antiguas o a inversores que no conservaron justificantes de sus primeras compras de criptomonedas.
Hasta ahora, Alemania tramitaba este tipo de decomisos por la vía penal. Desde 2017, un juez puede ordenar la retirada definitiva de bienes de origen incierto sin una condena concreta, pero solo cuando esos activos han sido incautados previamente en un proceso penal por un delito grave. La venta de casi 50.000 bitcoins vinculados al caso Movie2k en 2024 se realizó mediante ese mecanismo.
Una norma más amplia que el mínimo europeo
La reforma elimina la necesidad de que exista un procedimiento penal previo, aunque no adopta la inversión total de la carga de la prueba que los partidos del Gobierno habían incluido en su acuerdo de coalición. Por ese motivo, Alemania iría más allá de las exigencias de la normativa europea, que permite el decomiso de patrimonio no justificado en determinados contextos de investigación penal sobre delincuencia organizada.
Otros países ya cuentan con instrumentos similares. Irlanda permite desde 1996 inmovilizar bienes, incluidos criptoactivos, sin acusación formal, aunque el Estado debe acreditar ante un juez su procedencia delictiva. Reino Unido utiliza desde 2018 órdenes para justificar patrimonios no explicados y, desde 2024, puede inmovilizar monederos de criptomonedas alojados en empresas del país. En Estados Unidos, las autoridades pueden decomisar activos cuando consideran más probable su vinculación con un delito que lo contrario.
La ley alemana aún debe pasar por el Bundesrat. Esta cámara había reclamado una inversión completa de la carga de la prueba y un periodo de inmovilización de hasta doce meses. Si finalmente la aprueba, las nuevas reglas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.










