Un proyecto respaldado por el Bundestag alemán contempla la posibilidad de bloquear bitcoins durante un máximo de 180 días incluso cuando las autoridades no tengan acceso a las claves privadas. La medida distinguiría entre los fondos depositados en plataformas bajo control de terceros y los almacenados mediante autocustodia.
Bloqueo de retiradas en exchanges
En el caso de los criptoactivos mantenidos en un exchange, la plataforma podría recibir una orden para impedir las retiradas. Al controlar la infraestructura desde la que se gestionan esos fondos, el intermediario estaría en disposición de aplicar el bloqueo sin que las autoridades tuvieran que obtener las claves privadas del usuario.
La propuesta fija para esa restricción un plazo de hasta 180 días, de acuerdo con la información disponible sobre el texto respaldado por el Parlamento alemán. El alcance concreto de la medida dependería, entre otros factores, de la forma en que se ejecutase la orden y del tipo de custodia utilizado.
La autocustodia plantea un escenario distinto
Cuando los bitcoins se encuentran en una cartera de autocustodia, el titular conserva las claves necesarias para autorizar las transacciones. En ese supuesto, una orden dirigida contra el propietario dejaría las claves de firma en su sitio, aunque podría establecer un bloqueo sobre los activos.
La diferencia es relevante: mientras un exchange puede detener técnicamente las retiradas que gestiona, una cartera bajo autocustodia no depende de una entidad que pueda pulsar un botón para impedir una operación. La información disponible no detalla cómo se aplicaría en la práctica una orden de congelación sobre este segundo tipo de tenencia ni qué mecanismos utilizarían las autoridades para hacerla efectiva.
El planteamiento sitúa el foco en una cuestión central del mercado de bitcoin: la distinción entre controlar los activos a través de un intermediario y conservar directamente las claves privadas. El proyecto respaldado por el Bundestag abordaría ambos casos con una misma ventana temporal de hasta 180 días, pero con una ejecución diferente según quién tenga el control operativo de los fondos.







