La Comisión Europea ha dado a España un plazo de dos meses para completar la transposición de la DAC8, la directiva que amplía el intercambio de información fiscal a las operaciones con criptoactivos. Si el Gobierno no corrige el incumplimiento, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitar sanciones económicas. En paralelo, la Comisión ha abierto otro expediente contra España por la aplicación de MiCA.
España entra en la segunda fase del procedimiento por la DAC8
El expediente sobre la DAC8, identificado como INFR(2026)0060, se encuentra ya en la fase de dictamen motivado. La Comisión Europea remitió el documento a España y Chequia al considerar que ambos países todavía no han incorporado plenamente la Directiva (UE) 2023/2226 a sus ordenamientos.
Los dos Estados disponen de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias. El dictamen motivado no equivale todavía a una multa ni supone que el caso haya llegado al TJUE. Es la segunda etapa del procedimiento de infracción, después de la carta de emplazamiento. Si la respuesta no convence a la Comisión o no se producen avances, Bruselas puede elevar el asunto al tribunal europeo y pedir sanciones.
El plazo general para transponer la DAC8 terminó el 31 de diciembre de 2025. España recibió la primera comunicación formal de la Comisión el 30 de enero de 2026, dentro de un grupo de doce países señalados por retrasos. Diez meses después, solo España y Chequia han recibido el dictamen motivado, según la información citada en las fuentes.
La tramitación legislativa española quedó interrumpida tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. El Gobierno había enviado a las Cortes en junio de 2025 un proyecto de ley que incluía la transposición de la DAC8 y también medidas para permitir el embargo de criptoactivos. El próximo Ejecutivo deberá retomar ese proceso.
Qué información pretende intercambiar la DAC8
La directiva obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos a identificar la residencia fiscal de sus clientes y a comunicar información sobre sus operaciones a las autoridades tributarias. El objetivo es que las administraciones nacionales puedan compartir esos datos y contrastarlos con la información fiscal disponible en otros países de la Unión Europea.
La Comisión ha defendido que la naturaleza transfronteriza de los criptoactivos exige una cooperación administrativa sólida entre los Estados miembros. Una vez aplicada en España, la norma permitirá que los datos comunicados por los proveedores se incorporen a ese sistema europeo de intercambio.
El retraso no modifica, por sí mismo, las obligaciones fiscales actuales de los contribuyentes españoles. Las ganancias obtenidas con criptomonedas continúan estando sujetas a declaración en el IRPF. Además, los exchanges ya presentan los modelos 172 y 173, mientras que los contribuyentes con más de 50.000 euros en criptoactivos depositados en el extranjero deben atender, según la información citada, al modelo 721.
Una orden de Hacienda en borrador, fechada en marzo de 2026, contemplaba recopilar información correspondiente a ese ejercicio para presentarla en 2027. Su aplicación, sin embargo, depende de una ley de transposición que todavía no ha sido aprobada. Los primeros intercambios de información entre las autoridades fiscales de la UE deben realizarse antes del 30 de septiembre de 2027.
El expediente separado por la aplicación de MiCA
El segundo procedimiento, identificado como INFR(2026)2153, se encuentra en una fase anterior: la carta de emplazamiento. La Comisión reprocha a España dos incumplimientos relacionados con MiCA.
Por un lado, el país no habría transpuesto por completo la reforma de la quinta Directiva de Requisitos de Capital (CRD V) vinculada al reglamento europeo de criptoactivos. Esa reforma incorpora al régimen de reconocimiento mutuo la emisión de dinero electrónico —incluidos los tokens de dinero electrónico—, los tokens referenciados a activos y determinados servicios de criptoactivos. El plazo venció el 30 de diciembre de 2024.
Por otro, Bruselas afirma que España todavía no ha notificado las medidas nacionales de aplicación de varios artículos de MiCA, cuyo plazo terminó el 30 de junio de 2025. La Comisión no ha precisado qué disposiciones concretas faltan.
España también dispone de dos meses para responder a este expediente. Si la contestación no resulta suficiente, el procedimiento podría avanzar hacia un dictamen motivado. Por ahora, no hay una respuesta pública del Gobierno o de Hacienda sobre los dos casos ni una fecha confirmada para retomar la legislación tras las elecciones.











