La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra ocho empresas de Colorado a las que acusa de participar en un fraude con criptomonedas por un importe superior a 37 millones de dólares. Según el supervisor, las entidades atraían a posibles inversores mediante redes sociales y grupos privados de chat para conducirlos hacia plataformas falsas de compraventa de criptoactivos.
La demanda se ha interpuesto ante un tribunal federal de Colorado. La SEC sostiene que los afectados creían estar depositando fondos para adquirir criptomonedas reales, cuando en realidad las plataformas habrían sido diseñadas para apropiarse del dinero transferido.
Un sistema basado en la confianza y el contacto privado
El esquema descrito por el regulador comenzaba con anuncios publicados en redes sociales. A través de ellos, los presuntos responsables captaban a personas interesadas en invertir y las incorporaban a grupos cerrados o conversaciones privadas.
En una primera fase, los participantes recibían asesoramiento sobre acciones cotizadas en las bolsas estadounidenses. La SEC afirma que los responsables utilizaban ese contacto inicial para construir una relación de confianza antes de proponer el traslado de fondos a plataformas de criptomonedas.
El supervisor considera que las empresas se presentaban como asesores de inversión y operadores fiables del mercado de activos digitales. Aunque estaban registradas en Colorado, la investigación apunta a que sus actividades podían dirigirse desde el extranjero.
Documentos falsificados para aparentar autorización oficial
Cuando los inversores expresaban dudas sobre la legitimidad de las plataformas, los presuntos estafadores les remitían certificados falsificados de la propia SEC. También habrían presentado documentación ante otros organismos financieros estadounidenses, entre ellos la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
El objetivo, según la acusación, era hacer creer a las víctimas que las compañías estaban registradas y contaban con autorización oficial. La utilización de documentos atribuidos a organismos reguladores servía así para reforzar la apariencia de legalidad de las operaciones.
La SEC sitúa el desarrollo del presunto fraude entre agosto de 2024 y mayo de 2026. Durante ese periodo, los demandados habrían utilizado cuatro combinaciones distintas de empresas de asesoramiento y plataformas de criptomonedas. Cada pocos meses cambiaban las denominaciones y repetían el mismo procedimiento.
Entre las entidades incluidas en la demanda figuran HB Wealth Advisors, IdeaCrypto Exchange, RealSimple Crypto Exchange y Essential Crypto Exchange. En total, la acción judicial se dirige contra ocho empresas.
La SEC reclama fondos, intereses y sanciones
El supervisor estadounidense solicita que las compañías devuelvan los beneficios presuntamente obtenidos de forma ilícita, junto con los intereses correspondientes. También reclama sanciones económicas y medidas destinadas a impedir nuevas infracciones.
La capacidad de los inversores afectados para recuperar su dinero todavía no está clara. Además, aunque la SEC ha presentado la demanda, los hechos atribuidos a las ocho empresas aún deben ser probados ante el tribunal.
La investigación contó con la colaboración de supervisores financieros de Hong Kong, Singapur, China y Suiza, entre otras jurisdicciones. La cooperación internacional refleja el alcance transfronterizo de una operativa que, según la SEC, combinaba captación digital, suplantación de organismos públicos y plataformas de criptomonedas aparentemente legítimas.










