El mercado de las criptomonedas en Estados Unidos tendrá más claridad regulatoria “de una forma u otra”, según Brian Armstrong, consejero delegado de Coinbase. El Senado estadounidense votará el 15 de septiembre la CLARITY Act, una propuesta destinada a repartir las competencias entre los principales reguladores del sector. Sin embargo, Armstrong considera que incluso un fracaso legislativo podría desembocar en nuevas normas para el mercado.
La razón, explicó el ejecutivo a CNBC, es que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) estarían preparadas para publicar sus propias reglas si el Congreso no alcanza un acuerdo sobre la ley. “Si la ley se aprueba, magnífico: tendremos legislación”, señaló Armstrong. “Si no ocurre, sinceramente también sería un buen resultado, porque la SEC y la CFTC han dicho que están listas para publicar normas”.
Una ley para delimitar las competencias de la SEC y la CFTC
La CLARITY Act busca resolver una de las principales incertidumbres regulatorias del mercado estadounidense: qué organismo debe supervisar cada tipo de activo y cada actividad relacionada con las criptomonedas.
El texto contempla que los tokens considerados valores queden bajo la autoridad de la SEC. En cambio, los activos descentralizados, como Bitcoin (BTC), pasarían al ámbito de la CFTC. La propuesta también pretende establecer un marco jurídico para las plataformas de criptomonedas, los intermediarios y las stablecoins.
La falta de una delimitación precisa ha sido una de las reclamaciones recurrentes de la industria. Para las empresas, la indefinición complica la planificación y el desarrollo de nuevos servicios. También puede dificultar la entrada de grandes inversores en el mercado estadounidense, según el planteamiento que subyace a la iniciativa.
Armstrong mantiene una valoración positiva sobre las posibilidades de aprobación. En su opinión, republicanos y demócratas han alcanzado numerosos compromisos durante las últimas semanas y han resuelto objeciones relevantes que Coinbase había planteado anteriormente al texto. Aun así, el resultado de la votación dependerá de las negociaciones que permanecen abiertas.
La discusión sobre los activos de los políticos sigue abierta
Uno de los puntos pendientes es el tratamiento que deben recibir las criptomonedas en manos de políticos. Armstrong afirmó que todavía se están negociando las condiciones concretas. La Casa Blanca habría presentado una propuesta con normas éticas estrictas, mientras que los demócratas defienden medidas adicionales, entre ellas obligar a determinados políticos a vender ciertos activos para prevenir posibles conflictos de interés.
Pese a las diferencias, el consejero delegado de Coinbase cree que ambos partidos están cerca de un acuerdo. Este asunto se suma a las discusiones sobre el alcance general de la ley y sobre las obligaciones que deberán cumplir las empresas que operan con activos digitales y stablecoins.
El choque con la banca por las stablecoins
Armstrong también respondió a las críticas procedentes del sector bancario. Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan, ha acusado a Coinbase de intentar aprovechar la regulación de las stablecoins para obtener una ventaja frente a la banca tradicional.
Sin citar a Dimon por su nombre, Armstrong sostuvo que las compañías con grandes negocios de pagos tienden a defender sus propios intereses comerciales. Al mismo tiempo, afirmó que Goldman Sachs, BNY Mellon y Fidelity sí respaldan la CLARITY Act.
Con la votación del 15 de septiembre como próximo hito, el escenario que plantea Armstrong ofrece dos vías para el sector: una ley aprobada por el Congreso o nuevas reglas elaboradas por la SEC y la CFTC. En ambos casos, su expectativa es que el mercado estadounidense avance hacia una mayor definición regulatoria.
