El Senado de Estados Unidos votará el martes 15 de septiembre, a las 20:15 horas peninsulares, si permite abrir el debate sobre la ley CLARITY, el proyecto que pretende establecer un marco federal para el mercado de criptomonedas. La iniciativa necesita al menos 60 votos para superar este trámite, por lo que los republicanos deberán sumar el apoyo de siete demócratas o independientes.
La votación no decide todavía el futuro de la ley
El líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, ha programado una votación sobre una moción de cierre del debate. No se trata aún de aprobar o rechazar el contenido de CLARITY, sino de poner fin al bloqueo parlamentario y permitir que la Cámara empiece a examinar el texto.
Los republicanos controlan 53 de los 100 escaños, una cifra insuficiente para alcanzar por sí solos el umbral de 60 votos. El grupo de demócratas e independientes cuya posición resulta decisiva mantiene reservas sobre varios puntos de la propuesta.
Incluso si la moción sale adelante, el recorrido legislativo todavía sería largo. El Senado tendría que debatir el proyecto, estudiar y votar enmiendas y aprobar una versión definitiva. Después, la Cámara de Representantes debería volver a examinarlo, ya que el texto que maneja el Senado no coincide con el aprobado por los congresistas en 2025.
Qué cambiaría CLARITY para el sector cripto
La norma busca resolver una de las principales fuentes de incertidumbre del mercado estadounidense: determinar qué activos y empresas quedan bajo la supervisión de la Securities and Exchange Commission (SEC) y cuáles corresponden a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
La SEC supervisaría los valores, como las acciones, mientras que la CFTC asumiría la competencia sobre las materias primas, una categoría en la que se incluyen activos como el petróleo y el oro. La diferencia tiene consecuencias relevantes: los valores están sujetos a exigencias de información y autorización más estrictas que las materias primas.
CLARITY establecería cuándo un token puede pasar de una categoría a otra. Entre los criterios figura el grado de madurez de la red y que ninguna entidad conserve un nivel excesivo de control sobre ella. El proyecto también impondría obligaciones a las plataformas de negociación, los brókeres y los custodios, que tendrían que registrarse.
Los emisores deberían informar sobre quién está detrás de cada proyecto, cuántos tokens existen y cuál es su función. Además, los fondos de los clientes tendrían que mantenerse separados del dinero de la propia plataforma. Esta exigencia conecta directamente con uno de los problemas que salieron a la luz tras la caída de FTX en 2022, cuando fondos de clientes terminaron en su firma vinculada, Alameda Research.
La propuesta mantendría permitido el almacenamiento de criptomonedas en carteras propias y contempla una excepción para los desarrolladores de software descentralizado que no custodian fondos de clientes. Las empresas del sector quedarían también incluidas expresamente en las normas estadounidenses contra el blanqueo de capitales, con obligaciones como identificar a sus usuarios y comunicar operaciones sospechosas.
Un calendario cada vez más estrecho
La Cámara de Representantes aprobó CLARITY el 17 de julio de 2025 por 294 votos frente a 134. Más de 70 demócratas respaldaron entonces la iniciativa. Sin embargo, el Senado lleva casi 14 meses trabajando en una versión propia sin cerrar los principales desacuerdos.
Los comités de Agricultura y Bancario dieron su aprobación en enero y mayo, respectivamente. El proceso quedó condicionado primero por la tramitación de la GENIUS Act, la ley sobre stablecoins que fue firmada el año pasado por el presidente Donald Trump. Después surgieron diferencias sobre los intereses que las plataformas pueden pagar por las stablecoins, las normas éticas relacionadas con los intereses cripto de Trump y la responsabilidad de los desarrolladores de finanzas descentralizadas.
Si la votación del martes fracasa, el Senado dispondría de menos de 36 días de sesiones este año para completar todo el procedimiento. La renovación electoral del 3 de noviembre —que afecta a los 435 escaños de la Cámara y a 33 del Senado— podría alterar el equilibrio de poder. La senadora Cynthia Lummis ha advertido de que la siguiente oportunidad real podría no llegar hasta 2030, aunque un rechazo formal no impediría a Thune volver a presentar la moción si reúne los apoyos necesarios.
