Más de 30 candidatos a las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026 en Estados Unidos han firmado un pacto para reclamar límites al crecimiento de la inteligencia artificial. El acuerdo, impulsado por el Political Integrity Project, refleja un cambio en el debate político: la discusión ya no se centra únicamente en la innovación o la productividad, sino también en el coste energético, el empleo y la responsabilidad de las empresas.
Un compromiso con cinco exigencias
El denominado AI Pact plantea cinco compromisos para los candidatos que lo suscriben. El primero consiste en no conceder nuevas ventajas fiscales ni acuerdos especiales a los centros de datos, instalaciones esenciales para ampliar la capacidad de los modelos de inteligencia artificial.
El documento también reclama revisiones de seguridad obligatorias para los modelos más potentes y que las compañías puedan responder legalmente por los daños que causen sus sistemas. A esto se suman dos propuestas de carácter económico: reservar para los trabajadores una parte de las ganancias generadas por la IA y evitar rescates públicos para empresas del sector que asuman riesgos de forma irresponsable.
La iniciativa llega en un momento en el que la inteligencia artificial empieza a ocupar un espacio visible en la campaña electoral estadounidense, según Quartz. El foco se desplaza así desde Silicon Valley hacia cuestiones con impacto directo en las comunidades: el precio de la electricidad, el consumo de agua, el ruido, los incentivos fiscales y la presión sobre las redes eléctricas.
Los centros de datos se convierten en un asunto local
La oposición a nuevas instalaciones se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción. Según un sondeo de Gallup citado en la información, el 70% de los estadounidenses rechaza la construcción de un centro de datos cerca de su lugar de residencia. Otra encuesta sitúa en el 63% el respaldo a una pausa de al menos un año en la aprobación de nuevos proyectos.
Estos datos trasladan la expansión de la IA a un terreno político muy concreto. Las empresas necesitan grandes cantidades de electricidad y nuevas infraestructuras, mientras presionan para obtener permisos con rapidez y conservar los incentivos fiscales. Los hogares, por su parte, afrontan el riesgo de facturas energéticas más elevadas y una mayor demanda sobre los servicios públicos locales.
La tensión también aparece en estados gobernados por republicanos. En Texas, donde Greg Abbott intenta atraer inversiones relacionadas con la inteligencia artificial, se congeló temporalmente parte de las aprobaciones para centros de datos. La pausa permite a los reguladores evaluar antes el efecto de los proyectos sobre la red eléctrica.
En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul llegó a plantear una moratoria temporal para los nuevos centros de datos de hiperescala. La evolución de ambos casos apunta a que el rechazo a determinada infraestructura de IA no se limita a una sola formación política, aunque por ahora no figuran candidatos republicanos entre los firmantes del pacto.
El empleo entra en la negociación política
El otro gran eje del debate es el reparto de los beneficios. La inteligencia artificial puede elevar la productividad y la rentabilidad empresarial, pero también sustituir puestos de trabajo. Por ello, algunas propuestas buscan que los trabajadores reciban una parte de las ganancias asociadas a la automatización.
Entre las fórmulas que se barajan figuran un dividendo de la IA, un impuesto a los robots y la creación de fondos públicos con participaciones en compañías del sector. Son ideas todavía planteadas como opciones políticas, pero muestran cómo la campaña de 2026 empieza a abordar la IA no solo como una tecnología estratégica, sino como una cuestión de costes, empleo y responsabilidad pública.
