Los republicanos del Senado de Estados Unidos han presentado una nueva versión de la CLARITY Act con más de un centenar de cambios, varios de ellos incorporados a petición de los demócratas. El texto revisado introduce ajustes en la regulación de las plataformas DeFi, refuerza la financiación de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y añade medidas contra el fraude, pero mantiene prácticamente sin cambios dos de los asuntos que han impedido cerrar un acuerdo: las normas éticas aplicables a los políticos y la posibilidad de ofrecer rentabilidad sobre las stablecoins.
Una votación clave el 15 de septiembre
El Senado celebrará el 15 de septiembre una votación procedimental que decidirá si el proyecto continúa su tramitación. Para superar ese trámite son necesarios 60 votos, frente a los 53 escaños con los que cuentan actualmente los republicanos. La falta de apoyo demócrata a la nueva versión mantiene abierta la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la ley.
La senadora republicana Cynthia Lummis sostiene que el documento incorpora más de cien cambios reclamados durante las negociaciones. Entre las modificaciones figuran una mayor financiación para la CFTC, normas más estrictas contra los defraudadores y nuevos requisitos dirigidos a determinadas plataformas del sector cripto.
El volumen de revisiones refleja el trabajo realizado durante el receso de agosto, pero no resuelve los desacuerdos que tienen mayor carga política. La nueva redacción es más extensa y modifica decenas de apartados, aunque los dos principales focos de conflicto permanecen prácticamente intactos.
El texto estrecha el margen para la ‘falsa DeFi’
Uno de los cambios de mayor alcance afecta a los protocolos de finanzas descentralizadas que se presentan como autónomos, pero que todavía pueden ser controlados o modificados por una persona o un grupo. El texto revisado plantea que esas plataformas tengan que registrarse ante la CFTC.
La propuesta también delimita de forma más explícita el tratamiento de la DeFi considerada auténtica, circunscribiéndolo a las operaciones al contado y en efectivo. La distinción busca separar los protocolos que operan sin un control identificable de aquellos que mantienen estructuras capaces de intervenir en su funcionamiento, aunque la fuente no detalla cómo se aplicaría cada criterio en la práctica.
El apartado conocido como BRCA y la sección relativa a la rentabilidad de las stablecoins tampoco presentan cambios, según la información difundida junto con el nuevo texto. Ese último punto enfrenta a dos grupos con intereses contrapuestos.
Ética política y rendimiento de las stablecoins
La versión actual prohíbe a los cargos públicos, a los empleados de la Administración y a sus cónyuges emitir o patrocinar activos digitales mientras ocupen sus puestos. Sin embargo, mantiene permitido que inviertan en criptoactivos y no extiende automáticamente las restricciones a los hijos de los políticos.
Los demócratas reclaman límites más estrictos para los intereses relacionados con las criptomonedas del presidente Donald Trump y de su familia. La ausencia de cambios sustanciales en este capítulo se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el acuerdo. Ningún demócrata respalda por ahora la nueva versión.
El otro desacuerdo gira en torno a las recompensas o intereses que las plataformas cripto pueden ofrecer sobre las stablecoins. Los bancos temen que esa posibilidad atraiga depósitos hacia empresas del sector digital, mientras que la industria cripto defiende conservarla.
El consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, afirmó anteriormente que el sector podría obtener más claridad regulatoria incluso si la votación fracasa, porque, en su opinión, la Securities and Exchange Commission (SEC) y la CFTC están preparadas para desplegar sus propias normas. Aun así, la CLARITY Act sigue siendo presentada como una de las oportunidades más importantes del año para aprobar una ley federal amplia sobre criptoactivos. El 15 de septiembre pondrá a prueba si los cambios introducidos bastan para reunir los votos necesarios o si los puntos políticamente más sensibles vuelven a bloquear el proyecto.
