La Fiscalía federal de Estados Unidos ha pedido al tribunal que mantenga abierta la vía para juzgar a Roman Storm por conspiración para blanquear capitales y conspiración para transmitir dinero, pese a que el Tesoro ha retirado una propuesta amplia de controles sobre los mezcladores de criptomonedas. En un escrito presentado el 5 de octubre, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York solicitan a la jueza Katherine Polk Failla que rechace el recurso de Storm contra la jurisdicción territorial del caso.
Storm, cofundador de Tornado Cash, sostiene que el proceso no debería celebrarse en Nueva York. La Fiscalía fundamenta su posición en una reciente resolución del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia sobre Bitcoin Fog, otro mezclador de criptomonedas. El Gobierno considera que las conclusiones de ese caso ofrecen una base persuasiva para resolver el desafío planteado por Storm.
La Fiscalía vincula el caso a un usuario de Manhattan
El argumento de los fiscales gira en torno a Shakeeb Ahmed, presentado como un cliente situado en Manhattan. Según la Fiscalía, sus depósitos contribuyeron a ampliar el fondo de anonimato de Tornado Cash y dificultaron el rastreo posterior de los fondos, aunque estos permanecieran allí durante un periodo breve.
El Gobierno sostiene además que la prestación del servicio a un cliente del distrito basta para justificar la competencia territorial de Nueva York respecto al cargo de conspiración para transmitir dinero. Tornado Cash funciona como un mezclador: agrupa y reorganiza transacciones para ocultar el vínculo entre las direcciones de origen y destino.
El caso no parte de cero. Storm fue condenado en agosto de 2025 por un cargo de conspiración para transmitir dinero, con una pena máxima prevista de cinco años. Una orden judicial del 25 de agosto de 2026 fijó el nuevo juicio para el 26 de abril de 2027, a la espera de que se resuelva su petición de absolución y una solicitud de aplazamiento.
El cambio de política del Tesoro no archiva la causa
La retirada anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros, dependiente del Tesoro, afecta a una propuesta de 2023 que habría impuesto requisitos reforzados de información y conservación de registros a las operaciones internacionales de mezcladores de criptomonedas. El aviso, presentado el 5 de octubre para su publicación al día siguiente, menciona el riesgo de provocar un “efecto disuasorio sobre la actividad legítima” y las cargas que la medida habría impuesto a las entidades financieras.
El organismo reconoce el uso legítimo de herramientas de privacidad financiera, aunque mantiene la vigilancia sobre el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas. La retirada es una decisión administrativa sobre obligaciones de información. No elimina los delitos existentes ni determina el resultado del proceso contra Storm.
La posición del Departamento de Justicia también contempla una distinción entre privacidad legítima y participación consciente en actividades delictivas. Un memorando del fiscal general adjunto Todd Blanche, fechado el 7 de abril de 2025, pidió a los fiscales que no persiguieran a los mezcladores por la conducta de sus usuarios ni por infracciones regulatorias cometidas sin conocimiento. Sin embargo, dejó fuera de esa restricción el artículo 1960(b)(1)(C), relativo a fondos que se sabe que proceden de delitos o que están destinados a actividades ilegales.
El límite entre desarrollar software y facilitar delitos
En agosto de 2025, el responsable del área penal del Departamento de Justicia, Matthew Galeotti, añadió que no se presentarían nuevos cargos bajo esa disposición contra determinados programas si están realmente descentralizados, automatizan únicamente transacciones entre pares y el tercero no conserva la custodia ni el control de los activos de los usuarios. La protección, no obstante, es condicional y no anuló la condena ya dictada contra Storm.
La Fiscalía acusa al desarrollador de construir, mantener y obtener beneficios de un servicio pese a saber que transmitía fondos procedentes de delitos. Storm rechaza que su actividad como desarrollador deba recibir tratamiento penal. En una vista celebrada el 9 de abril de 2026, el fiscal Ben Arad defendió que incluso los depósitos legítimos podían ayudar a ocultar fondos criminales, aunque distinguió entre el conocimiento de los usuarios inocentes y el que atribuye a Storm y a sus supuestos colaboradores.
La jueza Failla cuestionó si esa teoría demostraba una conducta deliberada. Arad respondió que la acusación no se limita a haber dejado los fondos operativos, sino que se apoya en medidas activas para mantener y mejorar el servicio. Storm ha descrito el riesgo de prisión como un castigo “por escribir código” y ha contrapuesto su situación a la retirada de la propuesta del Tesoro. Por ahora, el giro regulatorio sobre la privacidad no ha resuelto la disputa judicial: los próximos pasos dependerán de las decisiones sobre los recursos pendientes y del calendario del nuevo juicio.
