Los ministros de Finanzas de la Unión Europea han acordado reforzar la supervisión de las mayores empresas de criptomonedas y trasladar parte de sus competencias a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). La medida pretende corregir una de las zonas más discutidas de MiCA: una plataforma puede obtener licencia en un solo Estado miembro y prestar servicios en los 27 países de la UE bajo la supervisión principal del regulador que concedió esa autorización.
La supervisión europea se limitará a los operadores de mayor tamaño
El acuerdo político alcanzado por el Consejo de la Unión Europea el 9 de octubre no contempla que ESMA supervise a todas las empresas de servicios de criptoactivos, como planteaba inicialmente la Comisión Europea. La propuesta se ha reducido a un grupo mucho más pequeño de compañías. Según las estimaciones recogidas por Reuters, entre 10 y 15 de los aproximadamente 360 proveedores existentes cumplirían los requisitos para quedar bajo control directo europeo.
El borrador del Consejo fija un umbral principal de 15 millones de usuarios activos en la UE. También establece cinco criterios adicionales relacionados con la base de clientes, los activos bajo custodia, el volumen de operaciones y la conexión de la empresa con el sistema financiero. Para entrar en el ámbito de ESMA, un proveedor tendría que cumplir tres de esos cinco criterios.
Entre los parámetros planteados figuran superar el millón de usuarios activos, custodiar más de 1.000 millones de euros en criptoactivos o gestionar más de 4.000 millones de euros anuales en operaciones de clientes. La dimensión y la relevancia de la compañía pasarían así a ser más determinantes que el país en el que esté constituida o haya obtenido su primera licencia.
El sistema de pasaporte de MiCA deja la decisión inicial en manos nacionales
MiCA permite que un proveedor autorizado en un Estado miembro ofrezca sus servicios en el resto de la Unión sin tener que establecer una presencia física en cada mercado. El llamado pasaporte europeo reduce trámites y evita duplicidades, pero también concentra una decisión con efectos paneuropeos en el supervisor que concede la autorización inicial.
El debate se intensificó tras una revisión de ESMA sobre la autorización de un proveedor de criptomonedas por parte de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta. El análisis, publicado en julio de 2025, cuestionó que la licencia se hubiera concedido mientras seguían sin resolverse problemas relevantes. Los revisores señalaron carencias en la evaluación del gobierno corporativo, los posibles conflictos de intereses, la infraestructura tecnológica, la custodia y determinados riesgos de blanqueo de capitales.
La revisión no concluyó que todas las licencias maltesas fueran deficientes. También reconoció la experiencia del supervisor maltés en el sector y la disponibilidad de recursos suficientes, aunque recomendó mejorar sus procedimientos de autorización. Malta afirmó posteriormente que aplicaría esas recomendaciones, pero rechazó transferir la supervisión a ESMA. En septiembre de 2025, su autoridad financiera sostuvo que MiCA aún era demasiado reciente para justificar una nueva capa regulatoria y advirtió de que la centralización podía aumentar la burocracia y perjudicar la competitividad.
El acuerdo aún debe negociarse con el Parlamento Europeo
Si la propuesta sale adelante, ESMA podrá solicitar información a las empresas supervisadas directamente, realizar inspecciones, investigar incumplimientos e imponer sanciones económicas. También podría restringir servicios o retirar autorizaciones cuando los proveedores no cumplan las exigencias regulatorias.
La mayoría de las compañías seguiría bajo la supervisión de las autoridades nacionales. ESMA dispondría además de herramientas de coordinación, como directrices, revisiones entre supervisores e investigaciones conjuntas, para tratar de reducir las diferencias de aplicación entre países. El plan prevé crear un consejo ejecutivo permanente, con un presidente y cinco miembros independientes, encargado de las decisiones operativas y de los asuntos específicos de cada empresa.
El traspaso se realizaría durante un periodo de transición de dos años, en el que los equipos nacionales y europeos compartirían información, responsabilidades y conocimientos. Las licencias de MiCA ya concedidas a las empresas que pasen a la supervisión directa de ESMA seguirían siendo válidas.
El acuerdo del Consejo fija su posición negociadora, pero no modifica todavía la normativa. El Parlamento Europeo debe establecer primero la suya antes de que comiencen las conversaciones entre ambas instituciones. De esas negociaciones dependerán los umbrales definitivos, los recursos de ESMA, el tratamiento de las empresas próximas a los límites y el número final de proveedores que quedará bajo supervisión europea.
