Francia quiere que las plataformas de criptomonedas que faciliten el acceso a protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) asuman nuevas obligaciones de revisión, vigilancia y responsabilidad ante determinados incidentes. La propuesta forma parte de la respuesta conjunta del Tesoro francés, la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), el Banco de Francia y la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (ACPR) a la consulta abierta por la Comisión Europea sobre la revisión del reglamento MiCA.
El documento fue publicado el 21 de octubre de 2026 y no modifica todavía las reglas aplicables en la Unión Europea. Se trata de una aportación al proceso de consulta. La Comisión Europea debe presentar su informe sobre la aplicación de MiCA antes del 30 de junio de 2027 y podría acompañarlo de propuestas legislativas. Cualquier cambio tendría que ser aprobado posteriormente por el Parlamento Europeo y el Consejo.
Revisión previa y vigilancia continua de los protocolos DeFi
La propuesta francesa se apoya en tres elementos: diligencia debida y seguimiento permanente por parte de los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP), certificación previa de determinados protocolos y una posible responsabilidad de las plataformas que ofrezcan ese acceso.
Antes de habilitar un protocolo, el exchange debería comprobar si cumple realmente con los criterios de descentralización y analizar aspectos como la seguridad del código, las auditorías disponibles, los incidentes anteriores, el sistema de gobernanza, la liquidez y los riesgos asociados a oráculos y puentes. También tendría que revisar posibles vínculos con fondos ilícitos.
Las autoridades francesas plantean además que el usuario reciba un aviso visible, por ejemplo mediante una ventana emergente, para dejar claro que el protocolo no está regulado. La certificación no se aplicaría de forma general: afectaría a protocolos completamente descentralizados que superen un determinado umbral de importancia, como el valor total bloqueado. Estos certificados tendrían una duración de tres años.
El enfoque defendido por Francia no busca una prohibición general. Sus autoridades consideran preferible un marco europeo armonizado basado en la diligencia debida, la certificación, la verificación de la liquidez y la supervisión continuada. En cambio, los protocolos que no sean realmente descentralizados deberían quedar sujetos a MiCA como proveedores de servicios. En su planteamiento, la consideración de DeFi como excepción, y no como regla, resulta determinante.
Responsabilidad limitada a determinados incidentes
La propuesta contempla que los CASP respondan por ciertos incidentes que afecten a sus clientes cuando hayan facilitado activamente el acceso al protocolo. Esa responsabilidad estaría vinculada, en particular, a la ausencia de una diligencia debida adecuada o a la omisión de vulnerabilidades conocidas.
No se plantea que el exchange tenga que cubrir cualquier pérdida provocada por un ataque o un fallo en DeFi. La responsabilidad sobre los activos depositados en un protocolo requiere, según el planteamiento recogido en la propuesta, aclaraciones adicionales por parte de la Comisión Europea y de las Autoridades Europeas de Supervisión.
De aprobarse una fórmula de este tipo, las plataformas que ofrezcan rendimientos, intercambios u otros servicios conectados con protocolos DeFi tendrían que someterlos a controles previos, vigilarlos después y comunicar sus riesgos a los clientes. Pero el alcance concreto de una eventual responsabilidad dependería del texto legislativo final.
Más competencias para ESMA y cambios para stablecoins
Francia también propone que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) supervise directamente a los CASP considerados significativos. MiCA utiliza actualmente un umbral medio de al menos 15 millones de usuarios activos en la Unión Europea para determinar esa condición. La propuesta francesa plantea reducirlo y añadir otros indicadores, como los activos mantenidos en custodia, aunque no fija una nueva cifra.
En el ámbito de las stablecoins, las autoridades piden revisar la utilidad comercial de los tokens referenciados a activos (ART). Ningún emisor de ART ha sido autorizado bajo MiCA, y una de las opciones mencionadas es estudiar la eliminación de esta categoría después de realizar una evaluación de impacto.
Francia también quiere prohibir expresamente que los proveedores autorizados en la Unión Europea presten servicios a stablecoins que no cumplan MiCA. Para las billeteras de autocustodia, en cambio, considera desproporcionado exigir una certificación a todos sus desarrolladores. La propuesta opta por una certificación voluntaria para aquellas que incorporen funciones DeFi avanzadas.
En España no consta, según la información disponible, una respuesta pública del Tesoro, la CNMV o el Banco de España a esta consulta. La CNMV publicó un aviso del procedimiento, cuyo plazo para enviar comentarios terminó el 31 de agosto de 2026, pero ese documento no recoge una posición española.
