Un diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México ha planteado penas de entre cinco y 12 años de prisión para quienes utilicen electricidad robada para operar equipos de minería de criptomonedas. La propuesta también contempla multas de hasta 3.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como el decomiso de la maquinaria y de los productos obtenidos con el delito.
Una pena específica para el minado con electricidad ilegal
La iniciativa, presentada por Alberto Martínez Urincho durante la sesión ordinaria del 26 de octubre, propone incorporar el artículo 368 Sextus al Código Penal Federal. El nuevo tipo penal abarcaría a quien use, aproveche, venda, trafique o altere “sin derecho” la energía eléctrica de las redes del Sistema Eléctrico Nacional para alimentar equipos de minado de activos virtuales, procesamiento masivo de datos o resolución de algoritmos criptográficos.
La pena base prevista sería de cinco a 12 años de cárcel. A ella se añadiría una multa de entre 1.000 y 3.000 veces el valor diario de la UMA. Tomando como referencia una UMA de 117,31 pesos, la sanción económica se situaría aproximadamente entre 117.000 y 352.000 pesos.
El texto también contempla circunstancias agravantes. Las penas podrían aumentar hasta la mitad si la instalación se conecta directamente a líneas de media o alta tensión o a transformadores, si interrumpe o altera el suministro eléctrico o si el centro de minado funciona de forma clandestina. En el extremo superior, la condena podría alcanzar unos 18 años de prisión.
Además, se prevé el decomiso de los equipos y de los productos del delito. El tratamiento de las criptomonedas obtenidas quedaría sujeto a la legislación aplicable.
El robo de electricidad ya está castigado
En México, el robo de electricidad ya constituye un delito y las penas dependen del valor de la energía sustraída. La novedad de la iniciativa sería crear una figura penal expresamente vinculada a la minería de criptomonedas y establecer para esos casos unas sanciones diferenciadas.
Martínez Urincho fundamenta su propuesta en datos de CFE Distribución. Entre enero y julio de 2024 se habrían perdido 6.346 GWh por robos, manipulación de medidores y conexiones ilegales, con un valor estimado de 13.800 millones de pesos. Las cifras, sin embargo, no desglosan qué parte de esas pérdidas corresponde a actividades de minería de criptomonedas.
La iniciativa llega después de un operativo realizado en Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla. En septiembre, la Fiscalía General de la República, la Marina y la policía estatal aseguraron alrededor de 300 máquinas de minado, transformadores, terminales de media tensión y antenas satelitales conectados ilegalmente a un complejo hidroeléctrico alimentado por la presa Nuevo Necaxa. Las autoridades investigan quién financió el equipo y si pudo utilizarse para lavar dinero, pero hasta ahora no se ha determinado responsabilidad.
El proyecto aún debe superar varias votaciones
La propuesta se encuentra en una fase inicial. Fue enviada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, presidida por el propio Martínez Urincho. Si la comisión la aprueba, deberá pasar al Pleno del Congreso local.
Incluso una eventual aprobación en la capital no la convertiría en ley. Al plantear una reforma del Código Penal Federal, el texto tendría que remitirse al Congreso de la Unión, donde comenzaría una nueva discusión. Por tanto, las penas anunciadas corresponden por ahora a una iniciativa parlamentaria y no a una norma vigente.
La propuesta no plantea prohibir la minería de criptomonedas en México. Su objetivo declarado es sancionar el uso de energía obtenida “sin derecho”. En consecuencia, la actividad seguiría siendo legal mientras el consumo eléctrico esté contratado a nombre del operador y se realice con la tarifa correspondiente. La iniciativa menciona que una sola máquina moderna puede consumir unos 3,5 kW, un nivel superior al consumo promedio de un hogar, y vincula ese dato con los riesgos de las conexiones ilegales y de determinadas ofertas de alojamiento de equipos.
