El Banco Central del Paraguay (BCP) inició la resolución de Ueno Bank después de determinar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. La medida dejó sin acceso a la aplicación, las tarjetas y los cajeros a sus clientes desde el 3 de noviembre, mientras la Cámara de Diputados debate un juicio político contra el presidente Santiago Peña por sus vínculos políticos y financieros con la entidad.
El directorio del BCP aprobó por unanimidad la intervención el 2 de noviembre, al amparo de la Ley 2.334/03. La autoridad no publicó en sus comunicados la cifra exacta del índice, pero medios que citan documentación regulatoria lo sitúan en el 5,56%, frente al 12% exigido por la normativa. Otros informes lo redondean al 6%.
Préstamos vinculados y deterioro de las cuentas
Según documentos del BCP citados por RPP, la Superintendencia de Bancos detectó préstamos y sobregiros de gran tamaño concedidos a Grupo Hendy, Grupo M, TUIU y Satec sin garantías suficientes. También habría identificado movimientos de fondos entre empresas relacionadas que simulaban pagos regulares.
Los ajustes contables superaron los 1,6 billones de guaraníes, equivalentes a unos 260 millones de dólares según el cálculo incluido en la información de referencia. El entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo, afirmó que la difusión de información sensible contribuyó a acelerar el deterioro de la liquidez de Ueno.
Carvallo renunció el 3 de noviembre, después de que Peña solicitara públicamente su salida. Un día más tarde, Pedro Acosta Bernal asumió la presidencia interina del banco central. El Ejecutivo propuso al Senado al economista Raúl Vera Bogado para ocupar el cargo de forma permanente.
La crisis tuvo un impacto inmediato en los pagos. Ueno era la entidad con más clientes del país, con 2.941.996 usuarios a junio de 2026, y procesaba, según EFE, dos de cada tres operaciones de comercio electrónico de Paraguay. Su caída también provocó una saturación del sistema de pagos SIPAP.
Garantía de depósitos y primeros pagos
El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad, un máximo de 228.300.000 guaraníes. La Ley 7745, promulgada el 4 de noviembre, permitió adelantar hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a 121.760.000 guaraníes. Los pagos comenzaron el 5 de noviembre y ese anticipo se descuenta de la cobertura total; no se suma a ella.
La cantidad final puede reducirse por las deudas vencidas con Ueno. Los clientes con depósitos superiores al límite garantizado deberán esperar al balance de exclusión de la Superintendencia de Bancos, por lo que no existe certeza de que recuperen la totalidad de sus fondos. Las personas vinculadas a la entidad quedan excluidas del anticipo.
El banco central cifró en alrededor de 1,9 millones los depositantes, aunque otras estimaciones sitúan en 1,4 millones el número de clientes con saldo y en 400.000 los que solo tenían cuenta en Ueno. Los préstamos y las deudas de tarjetas no se cancelan con la resolución y seguirán computándose en la liquidación.
Entre los afectados también figuran organismos públicos. Los depósitos estatales en Ueno rondaban los 869 millones de dólares a finales de junio, según Bloomberg. El Instituto de Previsión Social mantenía además certificados de depósito y bonos por varios cientos de millones de dólares. Sus responsables aseguraron que las jubilaciones y los aguinaldos se pagarían en plazo.
Juicio político y ausencia de exposición cripto
La oposición y sectores disidentes del Partido Colorado presentaron un libelo acusatorio contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana con 35 firmas. Entre las acusaciones figuran un posible conflicto de intereses, la concentración de fondos del IPS en Ueno y la falta de controles sobre créditos concedidos a empresas vinculadas. Se trata de acusaciones políticas todavía no probadas.
Peña declaró en abril de 2025 que había vendido su participación del 1,58% en Ueno Holding y que había dejado de tener relación con el grupo. Sus críticos también cuestionan el nombramiento de Carvallo, antiguo responsable de Ueno, como presidente del BCP en 2023.
La sesión de Diputados comenzó el 5 de noviembre con 71 legisladores presentes. Para aprobar el juicio político se necesitan 48 votos en esa configuración; después, el Senado tendría que reunir 30 de sus 45 votos para destituir al presidente. Al cierre de la información disponible, la votación aún no había concluido.
Las fuentes revisadas no identifican productos de criptomonedas ni alianzas de Ueno con exchanges. La crisis, por tanto, es bancaria, no cripto. Sí se observaron anuncios P2P de USDT con precios dispares, pero no hay datos verificados que permitan confirmar una prima sostenida ni transacciones concluidas a esos niveles.
