La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York ha acusado a tres hombres de utilizar inteligencia artificial para hacerse pasar por directivos y abogados de grandes empresas y conseguir transferencias por más de US$129 millones entre 2024 y 2026. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el dinero se convirtió después en criptomonedas para intentar ocultar su origen, su propiedad y quién lo controlaba.
Dos de los acusados fueron detenidos en España con ayuda de la Policía Nacional y el tercero, en el Reino Unido. Estados Unidos ha solicitado la extradición de los tres, aunque las peticiones todavía están pendientes. Los cargos son acusaciones y los implicados se presumen inocentes, según recuerda el propio DOJ.
Una red que suplantaba a directivos y abogados
Los acusados son Jacob Soall, de 41 años, con residencia en Marbella y el Reino Unido; Sharon Hazan, de 54 años y nacionalidad israelí; y Guy Sheetrit, de 42 años, de Israel y Emiratos Árabes Unidos. La acusación sostiene que el grupo dirigió la trama durante más de un año y medio contra miles de empresas de distintos países.
El procedimiento comenzaba con un correo electrónico dirigido al departamento de contabilidad. El remitente se presentaba como el director ejecutivo y solicitaba ayuda para completar una operación confidencial. A continuación, los empleados recibían una llamada telefónica o una videollamada en la que se imitaba con inteligencia artificial la voz del supuesto CEO y, en algunos casos, también su imagen.
Después intervenía un falso abogado de un gran bufete internacional. La víctima recibía instrucciones para contactar con ese profesional, que también era una identidad suplantada, y terminaba recibiendo la orden de enviar los fondos a una cuenta bancaria controlada por la red.
El DOJ utiliza la expresión “SI”, abreviatura de “super intelligence” o superinteligencia, para referirse a la tecnología empleada. La Fiscalía no ha detallado qué criptomonedas ni qué plataformas se utilizaron para mover el dinero.
El dinero pasó por nueve países
Según la acusación, las transferencias llegaron a cuentas situadas en Estados Unidos, España, Portugal, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Austria, Eslovaquia y China. El comunicado no desglosa cuánto dinero pasó por cada jurisdicción ni identifica víctimas en España.
La Fiscalía sí detalla seis empresas afectadas en Estados Unidos y el Reino Unido. Entre ellas figuran una compañía británica de tecnología financiera, que habría perdido US$11.578.474; una empresa de comida para mascotas de Florida, con US$5.242.747; y dos sistemas hospitalarios, uno de Misuri y otro de California, con pérdidas de US$4.829.580 y US$2.968.497, respectivamente. También aparecen una gestora de fondos de Massachusetts y un banco de Rhode Island.
Las seis pérdidas identificadas suman aproximadamente US$31,9 millones, una parte del importe total atribuido al esquema. El DOJ sostiene además que Hazan afirmó haber lavado más de US$400 millones únicamente en los tres últimos años y que Sheetrit también participó en el blanqueo de fondos procedentes de la trama.
Detenciones en España y advertencias contra las llamadas urgentes
Soall fue detenido en España el 17 de junio de 2026 y Hazan, también en España, el 5 de agosto. Sheetrit fue arrestado en el Reino Unido el 7 de septiembre. El comunicado estadounidense no precisa en qué ciudades españolas se produjeron las detenciones. El fiscal federal Jamie McDonald agradeció la colaboración de España y de su Policía Nacional, así como la intervención de la Agencia Nacional contra el Crimen británica.
El escrito atribuye a Soall, que presuntamente se hacía pasar sobre todo por abogados británicos, un guion manuscrito titulado “Lawyer Call”. El texto incluía indicaciones para aparentar ser un abogado real y persuadir a los empleados de que no comentaran las conversaciones con sus compañeros. Cada acusado afronta siete cargos por fraude electrónico, robo de identidad agravado y blanqueo de capitales. Los delitos más graves contemplan penas máximas de 20 años.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ya documentó en enero de 2024 un caso similar de clonación de voz mediante IA. Sus recomendaciones incluyen verificar cualquier petición de pago por un canal distinto, exigir una segunda autorización para importes elevados y no aprobar transferencias exclusivamente por teléfono. Si el pago ya se ha realizado, aconseja contactar de inmediato con el banco, conservar registros y grabaciones, bloquear el número utilizado y denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En España, el servicio 017 del INCIBE atiende consultas sobre ciberseguridad.
