La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras nueve por una red que, según los investigadores, se hacía pasar por entidades bancarias para obtener dinero y credenciales de sus víctimas. La organización habría defraudado más de 140.000 euros y recurrió, entre otros métodos, a las criptomonedas para dificultar el seguimiento de los fondos.
La operación, denominada «Inifa», se conoció el 13 de noviembre, un día después de que la Policía Nacional informara de otra investigación con 43 detenidos y 95 personas investigadas. En ese segundo caso, la red habría obtenido más de 1,14 millones de euros mediante mensajes y llamadas que simulaban proceder de los departamentos de seguridad o antifraude de distintos bancos.
En ninguno de los dos expedientes las criptomonedas aparecen como el origen de la estafa. Su función, según la información difundida por los investigadores, fue la de actuar como una de las vías utilizadas posteriormente para mover o blanquear el dinero.
La operación «Inifa» parte de llamadas falsas del banco
La investigación de la Guardia Civil fue desarrollada por agentes del Puesto Principal de Torrox-Algarrobo, en Málaga. Los implicados se encuentran en las provincias de Cádiz, Sevilla y Ciudad Real, y las pesquisas han permitido esclarecer nueve denuncias presentadas en distintos puntos de España.
El procedimiento consistía en contactar telefónicamente con las víctimas haciéndose pasar por su banco. Los presuntos estafadores alertaban de cargos o movimientos supuestamente fraudulentos y, con el argumento de proteger el dinero, convencían a los afectados para realizar transferencias o facilitar sus claves de banca en línea.
Una vez obtenido el dinero, la red habría empleado una combinación de testaferros, cuentas interpuestas, criptomonedas y compras de productos de lujo para ocultar su rastro. La Guardia Civil no ha precisado qué cantidad terminó convertida en activos digitales ni en qué plataformas se realizaron esas operaciones.
A los investigados se les atribuyen presuntos delitos de estafa continuada, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y usurpación del estado civil. Las diligencias están en manos de los juzgados de Chiclana de la Frontera y Torrox.
La segunda red utilizaba SMS, «mulas» y criptoactivos
La operación comunicada por la Policía Nacional el 12 de noviembre presenta un esquema similar, aunque con un alcance mayor. La organización enviaba mensajes masivos que aparentaban proceder del banco y advertían de una transferencia sospechosa. El SMS incluía un número de teléfono o una página web para resolver la supuesta incidencia.
Después, los autores pedían a las víctimas que transfirieran el dinero a otras cuentas o que lo ingresaran en cajeros. En algunos casos lograban que instalaran una aplicación y acercaran la tarjeta al teléfono móvil, lo que permitía utilizarla desde otro dispositivo.
El dinero se canalizaba mediante personas utilizadas como «mulas», captadas a través de redes sociales. Según la información difundida sobre el caso, una parte de los fondos se convertía en criptomonedas en plataformas de intercambio como una de las últimas fases del blanqueo. La investigación identificó 130 víctimas, principalmente mayores de 65 años, y relacionó los hechos con 134 defraudaciones.
Las claves para identificar el engaño
La señal de alerta común en ambos casos es la urgencia: un cargo o una transferencia «sospechosa» que debe frenarse de inmediato. También deben levantar sospechas las peticiones para mover el dinero a una supuesta cuenta segura, facilitar claves o códigos de verificación, instalar aplicaciones o acercar la tarjeta al móvil.
La Policía recuerda que un banco no solicita una transferencia de ese tipo para proteger los fondos. Si se recibe una llamada similar, recomienda colgar y contactar con la entidad mediante el teléfono de su web o aplicación oficial. Si ya se han entregado credenciales o realizado transferencias, conviene pedir el bloqueo inmediato de cuentas y tarjetas, conservar los mensajes y justificantes, y denunciar ante la Policía Nacional o la Guardia Civil.
Por ahora no se ha detallado cuánto dinero de cada red pasó por criptomonedas, qué plataformas se utilizaron ni qué entidades bancarias fueron suplantadas. En el caso de «Inifa», tampoco se ha informado de un número de víctimas superior a las nueve denuncias incorporadas a la investigación.
