La Cámara de Comercio de EE.UU. está apoyando los esfuerzos de Coinbase para obtener orientación regulatoria sobre criptoactivos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC).
La principal bolsa de criptomonedas de EE.UU. presentó una moción ante los tribunales en abril para obligar a la SEC a responder a una petición anterior de la empresa solicitando orientación para el sector de los activos digitales.
Coinbase presentó por primera vez la petición de reglamentación el pasado mes de julio, pero aún no ha recibido una respuesta afirmativa o negativa a la solicitud.
Esta semana, la Cámara de Comercio presentó un documento jurídico conocido como «amicus brief» en el que esboza su apoyo a la petición de Coinbase. La Cámara afirma que el enfoque regulador de la SEC sobre las criptomonedas ha subvertido los «principios básicos del debido proceso, el derecho administrativo y el buen gobierno.»
Tal como están las cosas hoy en día, nadie sabe con certeza qué activos digitales, si los hay, son ‘valores’ bajo la ley federal. No es una cuestión menor. Tiene inmensas implicaciones para todas las personas implicadas en la economía de los activos digitales, que mueve 1 billón de dólares, y es la cuestión reguladora de la que se derivan todas las demás.
Pero, sorprendentemente, la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. – a pesar de proclamarse el principal regulador de los activos digitales – se ha negado a resolver esta cuestión de umbral. En su lugar, la Comisión ha ofrecido una serie de medidas de ejecución puntuales, complementadas con discursos públicos y otras declaraciones que un comisario describió en términos generales como «confusas, inútiles e incoherentes». Y se ha negado a participar en ningún proceso de elaboración de normas u otro proceso sistemático para explicar lo que significa su supuesta autoridad.
En marzo, la SEC envió una Notificación de Wells a Coinbase, que decía que habían tomado una «determinación preliminar» para recomendar la presentación de una acción de ejecución contra el criptointercambio por presunta violación de las leyes de valores.
