El Gobierno de Javier Milei retirará el proyecto de Ley de Competitividad Financiera que había enviado esta semana a la Cámara de Diputados, según fuentes de la Casa Rosada y del bloque de La Libertad Avanza citadas por Infobae y El Economista. La decisión deja en suspenso varias medidas destinadas al mercado de criptoactivos, entre ellas la posibilidad de que los fondos comunes de inversión incorporasen activos virtuales y un nuevo marco de supervisión para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
El texto, identificado como Mensaje N.º 314, contenía 240 artículos y había sido firmado por Milei y por los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva y Diego Santilli. Su alcance era más amplio que el sector cripto: también incluía cambios en el mercado de capitales, el crédito, el sistema de garantías y determinados impuestos.
La controversia por los CEDEARs precipitó la retirada
El foco de la polémica fue el artículo 230, que modificaba la ley de Ganancias para equiparar el tratamiento fiscal de las inversiones en el exterior realizadas mediante CEDEARs al de la compra directa del activo fuera de Argentina. Los CEDEARs son certificados negociados en la bolsa argentina que representan acciones o fondos extranjeros.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, la medida habría alcanzado a los CEDEARs adquiridos desde el 31 de octubre de 2026 si el Congreso aprobaba el proyecto. El tributarista Sebastián Domínguez estimó que la alícuota aplicable podía situarse en el 15%, aunque esa cifra aparece como una valoración suya y no como una tasa finalmente aprobada.
En un primer momento, el Ejecutivo apuntó a eliminar únicamente ese artículo. Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Caputo, afirmó en X que la disposición procedía de un borrador anterior y que sería retirada. Posteriormente, según Infobae y El Economista, la decisión pasó a ser retirar el proyecto completo.
El estado formal del trámite no está completamente claro. Ambos medios hablan de una retirada futura y no mencionan la presentación de una nota oficial ante la Cámara. Prensa Libre informó de que la medida ya había sido confirmada por la Mesa de Entradas de la Secretaría Parlamentaria, pero sin aportar un número de expediente. El estado no pudo ser verificado en el sitio de la Cámara de Diputados. En cualquier caso, las informaciones coinciden en que el tratamiento legislativo queda frenado.
Qué medidas sobre criptomonedas quedan en suspenso
El proyecto permitía que los fondos comunes de inversión, tanto abiertos como cerrados, invirtieran en activos virtuales conforme a las reglas que estableciera la Comisión Nacional de Valores (CNV). También contemplaba la emisión de cuotapartes digitales.
Los PSAV quedarían bajo la supervisión, regulación y potestad sancionadora de la CNV. El Banco Central conservaría sus competencias cuando las actividades de estos proveedores afectasen al sistema de pagos. El texto también creaba los llamados “Otros Ámbitos de Negociación Autorizados”, en los que podrían operar PSAV habilitados por la CNV, y abría la puerta al uso de blockchain para emitir y negociar valores tokenizados.
Otra de las disposiciones relevantes afectaba a las órdenes judiciales. Los jueces podrían ordenar directamente a exchanges, PSAV y custodios la transferencia o inmovilización de activos. Para bienes fungibles, como las criptomonedas, el plazo previsto era de 24 horas; para software, podía extenderse hasta cinco días.
Además, los activos virtuales y los fondos depositados en billeteras digitales podían incorporarse como respaldo de créditos. El proyecto exigía también que los agentes mantuvieran separados los activos de sus clientes, incluidas las criptomonedas, de los propios, con protección frente a una eventual quiebra.
La retirada no modifica las reglas actuales
Por ahora, el impacto normativo inmediato es nulo. El proyecto no había sido votado por ninguna de las dos cámaras, de modo que ninguna de sus disposiciones llegó a entrar en vigor. La posibilidad de que los fondos regulados inviertan en criptoactivos, así como el plazo de 24 horas para ejecutar determinadas órdenes judiciales, queda por tanto pendiente de una eventual nueva iniciativa.
Según Infobae, el Gobierno revisará los artículos antes de volver a llevar la propuesta al Congreso. Todavía no se ha precisado si presentará otra vez el texto completo, si lo dividirá en varios proyectos o si introducirá cambios sustanciales.
