Bitcoin tendrá el 18 de octubre una nueva fecha clave para los mercados macroeconómicos. Ese día vence el plazo de 30 días que la ley de sanciones contra Rusia firmada por Donald Trump abrió para que su Administración determine los aranceles que podrían alterar el comercio energético ruso y trasladar presión a la inflación, los bonos del Tesoro y el dólar.
Trump firmó el 18 de septiembre la H.R. 5334, una norma que autoriza elevar hasta un 500% los aranceles sobre todos los bienes rusos importados por Estados Unidos, incluidos el petróleo, el gas natural y los productos petrolíferos. Ese porcentaje es el máximo permitido, no un tipo obligatorio. La Casa Blanca conserva margen para decidir si aplica la medida y con qué intensidad.
El alcance dependerá de los países afectados
La ley contempla además un segundo frente potencialmente más amplio. Los países que sigan realizando nuevas compras de crudo o gas natural ruso una vez transcurrido el plazo de 30 días podrían afrontar aranceles de hasta el 100% sobre todos los bienes que exporten a Estados Unidos, siempre que se encuentren entre los cinco mayores compradores de energía rusa.
El mismo límite se aplicaría a los cinco países considerados facilitadores de la evasión de las sanciones sobre el petróleo ruso. La norma no identifica a esos Estados ni fija un arancel mínimo inicial. Por eso, para los mercados será más relevante la aplicación concreta de la ley que sus topes máximos.
Antes de imponer o modificar aranceles mediante esta disposición sobre terceros países, el presidente o el representante comercial de Estados Unidos deberá remitir una justificación por escrito a seis comités del Congreso con al menos diez días de antelación. El documento tendrá que explicar tanto el tipo arancelario como el método utilizado para seleccionar a los países afectados.
La Administración también puede limitar el impacto de la norma. La legislación incluye una excepción para algunas compras de gas natural y permite a Trump suspender los aranceles si certifica ante el Congreso que hacerlo responde a los intereses nacionales de Estados Unidos.
La energía marca la conexión con Bitcoin
El primer canal que deberán vigilar los operadores de Bitcoin será el energético. Unos aranceles elevados sobre países que continúen comprando grandes cantidades de crudo o gas ruso podrían modificar los flujos comerciales si esas adquisiciones pasan a ser más costosas o políticamente arriesgadas.
El efecto sobre los precios mundiales dependerá de los países elegidos, de los tipos aplicados y de si el suministro ruso desaparece del mercado o simplemente se desvía hacia otros destinos. Si el petróleo y el gas permanecen caros durante un periodo prolongado, el impacto sobre la inflación sería mayor.
Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal, señaló a principios de año que un aumento sostenido de los costes energéticos puede trasladarse a otros bienes y servicios cuando las empresas absorben mayores costes de producción. También advirtió de que una sucesión de shocks energéticos y arancelarios puede elevar las expectativas de inflación y complicar las decisiones de política monetaria.
La cuestión llega además con una Reserva Federal que mantiene una política restrictiva. El banco central elevó el 16 de septiembre su tipo de referencia en 25 puntos básicos, hasta una horquilla del 3,75%-4%, y afirmó que la inflación seguía elevada mientras la política monetaria debía continuar apoyando el retorno hacia el objetivo del 2%.
Bonos, dólar y liquidez como señales de mercado
Un nuevo impulso inflacionista provocado por la energía podría reducir el margen de la Reserva Federal para relajar las condiciones financieras. Unas expectativas de inflación más altas pueden presionar al alza las rentabilidades de los bonos del Tesoro y reforzar el dólar. Ese entorno encarece el capital y reduce la liquidez disponible para los activos de riesgo, entre ellos las criptomonedas.
La investigación del Banco de Pagos Internacionales ha vinculado una política monetaria estadounidense más restrictiva con descensos en los precios de las criptomonedas y una menor demanda de monedas estables, lo que apunta a una relación estrecha entre la liquidez de los activos digitales y las condiciones financieras tradicionales.
Las notificaciones al Congreso serán la primera señal para medir el alcance real de la ley: indicarán qué países quedan bajo presión y hasta qué punto los aranceles se acercan a los límites legales. Después, los precios del petróleo y el gas mostrarán si existe una alteración significativa de los flujos energéticos. Las rentabilidades de los bonos, las expectativas de inflación y el dólar permitirán comprobar si el efecto llega a la política monetaria.
Una aplicación moderada, el uso amplio de las exenciones o unos mercados energéticos estables limitarían la transmisión hacia Bitcoin. En cambio, unos aranceles agresivos contra grandes compradores de energía rusa, acompañados de una presión sostenida sobre el petróleo o el gas, aumentarían el riesgo de que la norma se convierta en un nuevo lastre para las condiciones financieras. Esa diferencia empezará a definirse antes del 18 de octubre.
