Las autoridades tributarias tendrán acceso a mucha más información sobre los inversores en criptomonedas a partir de la aplicación del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), el estándar internacional de la OCDE. Sin embargo, el sistema tendrá un alcance limitado en buena parte de la actividad desarrollada desde monederos propios y en protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi).
Las plataformas centralizadas comunicarán más datos
El CARF obliga a las plataformas de criptomonedas y a otros proveedores de servicios sujetos al marco a recopilar información sobre sus clientes y sus operaciones. Esos datos podrán compartirse con la administración tributaria del país en el que el usuario tenga sus obligaciones fiscales.
Para la mayoría de los países participantes, el intercambio internacional de información comenzará en 2027. El mecanismo sigue una lógica similar a la que ya se aplica en el sector bancario: las entidades que conocen la identidad del cliente y registran su actividad deben poner esos datos a disposición de las autoridades tributarias.
El cambio será especialmente relevante para quienes compren y vendan Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) a través de grandes plataformas centralizadas. Estas compañías suelen identificar a sus usuarios y disponen de un registro detallado de sus operaciones, por lo que esa parte del mercado resulta relativamente sencilla de supervisar, según Chainalysis.
La entrada en vigor del CARF no implica que toda la actividad anterior quede incorporada automáticamente al sistema. El marco no se aplica con carácter retroactivo.
La actividad en monederos propios queda fuera de buena parte del sistema
El seguimiento se complica cuando los activos salen de una plataforma y pasan a un monedero bajo control directo del usuario. Desde allí pueden utilizarse en protocolos DeFi, generar recompensas mediante staking o enviarse directamente a otra persona. En esos casos no siempre hay una entidad centralizada que pueda reunir y transmitir toda la información.
Chainalysis calcula que en 2025 se produjo actividad potencialmente relevante a efectos fiscales por al menos 457.000 millones de dólares directamente en seis grandes cadenas de bloques. De ese volumen, solo el 14% se encontraba dentro del alcance práctico del CARF.
La cifra debe interpretarse con cautela. No equivale a impuestos no pagados. El cálculo incluye, entre otros conceptos, ganancias realizadas, ingresos procedentes de la minería, staking y préstamos, además de pagos efectuados con criptomonedas. La consideración fiscal de cada operación también depende de las normas de cada país.
Fuera del intercambio automático no significa invisible
Que una operación desde un monedero propio no entre en el intercambio automático de información no significa que quede exenta de impuestos ni que sea imposible identificarla. Las cadenas de bloques públicas conservan el registro de las transacciones, y las administraciones pueden recurrir al análisis de blockchain para seguir los movimientos entre monederos e investigar actividades vinculadas a plataformas extranjeras o descentralizadas.
El reto principal suele estar en reconstruir la historia completa de una operación. Un inversor puede comprar Bitcoin en una plataforma, transferirlo después a un monedero propio y venderlo años más tarde en otra. La segunda plataforma podría comunicar la venta, pero quizá no disponga del precio original de adquisición, un dato necesario para calcular correctamente la ganancia o la pérdida.
El CARF cerrará parte del actual espacio de opacidad en las plataformas centralizadas, pero dejará más compleja la supervisión de la actividad que se desarrolla directamente en la cadena de bloques. La diferencia entre custodiar los activos en un intermediario y operar desde un monedero propio será, por tanto, cada vez más importante para las autoridades tributarias y para la reconstrucción fiscal de las operaciones.
