La defensa de Manuel Adorni acreditó ante la Justicia argentina que actualmente controla las ocho billeteras de bitcoin vinculadas a una parte de su patrimonio, valorada en US$591.544,61. La prueba, basada en la firma de mensajes con las claves privadas, confirma el acceso presente a esas direcciones, pero no resuelve quién las controlaba entre 2014 y 2018, periodo en el que se registraron las operaciones investigadas.
La investigación gira en torno al origen del patrimonio
El fiscal federal Gerardo Pollicita, bajo la órbita del juzgado de Ariel Lijo, investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, según informó Infobae. El exjefe de Gabinete argentino sostiene que una parte de sus activos procede de inversiones en bitcoin.
De acuerdo con el escrito citado por Infobae y Perfil, la primera compra se habría realizado en 2014 y la mayor, por unos US$199.883, en 2017. La defensa afirma que las adquisiciones se hicieron en efectivo y mediante encuentros presenciales con los vendedores.
Las ocho direcciones analizadas registran 41 movimientos entre el 21 de octubre de 2014 y el 11 de septiembre de 2018. Después de esa fecha quedaron vacías. La investigación debe establecer ahora cómo se generaron y utilizaron esas billeteras, así como el origen de los fondos y la identidad de quienes intervinieron en las operaciones.
Qué acredita la firma de los mensajes
Durante una diligencia en la fiscalía, la acusación preparó un mensaje de desafío para cada una de las ocho direcciones. La defensa, representada por el abogado Matías Ledesma, firmó los textos utilizando las claves privadas, sin revelarlas. Peritos de la Policía Federal Argentina (PFA) comprobaron que las ocho firmas eran válidas y el procedimiento quedó registrado en vídeo.
En el funcionamiento de Bitcoin, la firma criptográfica permite demostrar que quien la produce dispone de la clave privada asociada a una dirección pública. Cualquier tercero puede verificar esa correspondencia sin acceder a la clave ni mover los fondos. Es una prueba habitual para acreditar el control de una billetera de autocustodia.
Su alcance, sin embargo, es limitado. La firma prueba quién tiene la clave en el momento de la diligencia, no quién la tenía años atrás. Una clave privada puede copiarse, compartirse o transferirse, mientras que la cadena de bloques solo registra las transacciones, sus fechas y sus importes. No identifica por sí misma a la persona que las ejecutó.
La PFA debe analizar el control histórico
La fiscalía trasladó a la PFA un pedido de 29 puntos de pericia. Entre las cuestiones planteadas figuran la fecha de creación de las direcciones, el método utilizado para generar las claves y si las billeteras funcionaban mediante autocustodia o a través de una plataforma.
El análisis también deberá determinar si el uso de billeteras de papel es compatible con las operaciones descritas, si una sola persona pudo realizar los 41 movimientos o si participó un intermediario, y si existen registros de conexión —como direcciones IP— relacionados con la carga inicial de los fondos en 2014. El fiscal pidió además revisar la normativa vigente en aquel momento, incluida la Resolución 300/2014 de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Una de las preguntas, difundida por NewsDigitales, plantea si existe alguna medida técnica capaz de establecer con certeza que una persona distinta de Adorni controló las direcciones entre el 21 de octubre de 2014 y el 11 de septiembre de 2018. La respuesta será relevante para determinar qué valor probatorio tiene el control actual de las claves.
El caso expone una dificultad específica de la autocustodia: permite controlar los fondos sin dejar necesariamente una prueba histórica de quién tuvo acceso a ellos en cada etapa. La fiscalía también espera el resultado del levantamiento del secreto fiscal de Adorni, desde 1998, y de su esposa, desde 2000. Con esos elementos y el informe técnico de la PFA, Pollicita decidirá los próximos pasos de la causa.
