El Senado de Estados Unidos someterá este martes a una prueba de 60 votos el proyecto de ley CLARITY, después de que los republicanos incorporaran 126 cambios solicitados por los demócratas durante más de un año de negociaciones. La votación de procedimiento sobre la iniciativa H.R. 3633 está prevista para las 14:15, hora local, y determinará si el texto pasa a la siguiente fase del debate parlamentario.
La versión final fue presentada el lunes por la senadora republicana Cynthia Lummis, el presidente de la Comisión Bancaria del Senado, Tim Scott, y el presidente de la Comisión de Agricultura, John Boozman. Lummis sostuvo que el texto es “verdaderamente bipartidista” y que recoge más de 120 demandas planteadas por los demócratas.
Si la moción supera el umbral de 60 votos, los republicanos prevén presentar el texto definitivo como una enmienda sustitutiva y abrir formalmente el examen de la ley en el Senado. Ese resultado no supondría la aprobación definitiva del CLARITY Act, sino el inicio de una nueva etapa de debate y posibles enmiendas.
Ética y salvaguardas para los bancos comunitarios
La última ronda de cambios se concentra en cuatro asuntos que seguían bloqueando el acuerdo: las normas éticas aplicables a los cargos federales, la protección de los bancos frente a una posible salida de depósitos vinculada a las stablecoins, el alcance de las garantías para desarrolladores y las reglas sobre los intermediarios de materias primas digitales.
En materia de ética, el proyecto otorga a los fiscales generales estatales capacidad para hacer cumplir las restricciones dirigidas a determinados cargos públicos que emitan o patrocinen activos digitales, o que mantengan intereses financieros relevantes en empresas emisoras. Los afectados tendrían que desprenderse de esas posiciones o depositarlas en un fideicomiso ciego cualificado.
Las infracciones podrían castigarse con una sanción civil equivalente al 20% del importe recibido en la operación prohibida o de 500.000 dólares, la cantidad que resulte mayor. Estas disposiciones entrarían en vigor 360 días después de la promulgación de la ley o 60 días después de la norma de desarrollo definitiva, lo que suceda antes. Los republicanos aseguran que el presidente Donald Trump aceptó estas restricciones durante las conversaciones.
El compromiso sobre las stablecoins de pago incorpora además un mecanismo de emergencia para los bancos comunitarios. Si el secretario del Tesoro certifica por escrito que se está produciendo una salida sustancial de depósitos, el departamento deberá aprobar reglas para limitar las recompensas ofrecidas a los titulares de estas monedas. Esa autoridad caducaría 18 meses después de la promulgación.
El texto ya prohíbe que determinados proveedores de servicios de activos digitales o sus filiales paguen a clientes estadounidenses intereses o rendimientos únicamente por mantener stablecoins de pago. Seguirían permitidas las recompensas vinculadas a la actividad o a las transacciones, siempre sujetas a regulación. Los proveedores tampoco podrían presentar estas monedas como depósitos bancarios, productos de inversión, productos respaldados por el Gobierno o productos asegurados por la FDIC.
Menos margen para los desarrolladores y más control sobre los intermediarios
La nueva redacción reduce una de las protecciones jurídicas más relevantes para la industria. Mantiene la salvaguarda que impide tratar a los desarrolladores de software como transmisores de dinero o entidades financieras bajo la Ley de Secreto Bancario por el mero hecho de crear software, pero elimina las referencias a la norma penal federal sobre negocios de transmisión de dinero sin licencia.
Los mineros y validadores, que antes quedaban fuera de esta protección, pasan ahora a estar incluidos. Los republicanos describen el cambio como una limitación de las garantías al ámbito civil, incluida la normativa contra el blanqueo de capitales. Además, el título dedicado a la agricultura restringe algunas protecciones a las operaciones al contado, por lo que los derivados quedan fuera.
Ese mismo apartado endurece las reglas sobre operaciones entre filiales y conflictos de interés en bolsas, corredores y operadores de materias primas digitales. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas tendría que establecer normas para identificar, reducir y resolver esos conflictos, incluso en estructuras empresariales integradas verticalmente. No se exige separar las empresas afiliadas, pero el regulador podría actuar mediante requisitos de gobierno corporativo, transparencia, capital y protección al cliente.
Más cambios en valores, lucha contra el blanqueo y protección al consumidor
El listado republicano de 126 modificaciones también afecta a otras áreas del proyecto. El límite anual de captación de fondos de la denominada Regulation Crypto baja de 75 millones a 50 millones de dólares, con un máximo de 200 millones durante toda la vida del proyecto. Las empresas que obtengan más de 25 millones deberán presentar estados financieros auditados, y el umbral de participación que activa ciertas restricciones de reventa se reduce del 5% al 3%.
La propuesta conserva expresamente las competencias de la Comisión de Bolsa y Valores para perseguir el fraude y la manipulación de mercado, así como las vías estatales de protección al consumidor. También incorpora reglas sobre mejor ejecución, protección de denunciantes y estados financieros anuales certificados.
En el ámbito de la supervisión financiera, los corredores, operadores y bolsas de materias primas digitales quedarían sujetos a obligaciones de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y de las sanciones. El Tesoro ampliaría sus facultades sobre operaciones extranjeras relacionadas con grandes riesgos de blanqueo. Los operadores de cajeros de criptomonedas tendrían que registrarse, ofrecer advertencias contra el fraude y cumplir nuevas obligaciones de información, incluido un periodo de retención de 72 horas para determinadas operaciones de nuevos clientes.
El desenlace dependerá ahora de si los senadores demócratas que impulsaron estas concesiones consideran suficiente el texto final. Los republicanos sostienen que el proyecto incorpora buena parte de sus exigencias; la votación de procedimiento dirá si esas modificaciones bastan para abrir el debate en el pleno.
