La reforma fiscal sobre activos digitales que prepara la Cámara de Representantes de Estados Unidos elevaría la recaudación federal en unos 500 millones de dólares entre los ejercicios fiscales 2027 y 2036, según la estimación del Comité Conjunto de Fiscalidad. El proyecto también pretende reducir la carga tributaria de algunas operaciones habituales con criptomonedas, como los pagos con determinadas stablecoins y las comisiones de transacción.
El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara tiene previsto examinar el 16 de septiembre la propuesta H.R. 10357, conocida como Ley de Certeza Fiscal de los Activos Digitales. El texto llega después de meses de negociaciones sobre hasta qué punto las criptomonedas deben recibir un tratamiento similar al de los activos financieros tradicionales.
La cifra de 500 millones de dólares es el resultado neto de varias medidas con efectos contrapuestos sobre los ingresos públicos. El proyecto alivia algunos impuestos que complican el uso cotidiano de los criptoactivos, pero endurece determinadas reglas aplicables a los operadores y amplía otras fórmulas de tributación.
Menos fricción para las stablecoins y las comisiones
Las stablecoins que cumplan los requisitos y estén vinculadas al dólar estadounidense recibirían un tratamiento específico. El objetivo es evitar que pequeñas variaciones alrededor de la paridad de un dólar obliguen a calcular una ganancia o una pérdida cada vez que se utilizan estos tokens.
En las operaciones incluidas en unos márgenes concretos alrededor de esa paridad, el valor de reembolso determinaría, por regla general, la base fiscal y el importe de la transmisión. La medida no se aplicaría a operadores, intermediarios ni distribuidores. También quedarían fuera algunos usuarios que realicen más de 5.000 operaciones computables y los contribuyentes cuya moneda funcional no sea el dólar.
El proyecto contempla además excluir las ganancias o pérdidas derivadas del uso de activos digitales para pagar comisiones de red o de transacción de hasta 10 dólares. La disposición cubriría costes como las comisiones de gas de una cadena de bloques y determinadas tarifas de negociación o liquidez, y se aplicaría a las transmisiones realizadas después del 31 de diciembre de 2027.
Esta desgravación sería una de las partidas más costosas del paquete. El Comité Conjunto de Fiscalidad calcula que reduciría la recaudación federal en 2.365 millones de dólares hasta 2036. La propuesta no crea, sin embargo, una exención general de 10 dólares para comprar bienes o servicios con bitcoin u otras criptomonedas. El alivio se limita a las comisiones asociadas a las operaciones, mientras que la mayoría de las compras seguiría sujeta al tratamiento vigente de los activos digitales como propiedad.
Más impuestos para las operaciones de trading
Para compensar parte de esas reducciones, H.R. 10357 extendería a los activos digitales negociados las restricciones sobre las ventas con recompra inmediata, conocidas en Estados Unidos como reglas de venta ficticia. La norma no afectaría a las stablecoins en dólares que cumplan los requisitos.
En la actualidad, un inversor puede vender bitcoin con pérdidas, recomprarlo inmediatamente y, en general, mantener el derecho a utilizar esa pérdida fiscal, porque estas reglas se aplican principalmente a acciones y valores. La reforma limitaría esa estrategia y alcanzaría también ciertos activos económicamente equivalentes, incluidas versiones envueltas y tokenizadas. El Comité Conjunto de Fiscalidad estima que el cambio aportaría 1.707 millones de dólares adicionales entre 2027 y 2036.
El texto ampliaría asimismo el acceso a la valoración a mercado para operadores y negociantes de activos digitales cuya actividad constituya un negocio. Según la estimación oficial, esta modificación elevaría los ingresos en otros 2.332 millones de dólares. En conjunto, las dos medidas vinculadas a la negociación generarían más de 4.000 millones de dólares, una cantidad que ayudaría a absorber el coste de las desgravaciones.
Préstamos, staking y regularización de declaraciones
La reforma trasladaría a determinados préstamos de activos digitales un tratamiento fiscal ya disponible para el préstamo de valores. Así, la transferencia temporal de criptomonedas dentro de un acuerdo de préstamo no se consideraría, por regla general, una venta sujeta a tributación inmediata si se cumplen las condiciones sobre la devolución de activos equivalentes y la estructura económica de la operación.
Los fondos de inversión recibirían otro ajuste: un vehículo que cumpla los requisitos no perdería su régimen fiscal únicamente porque su fiduciario haga staking con los activos digitales que mantiene. La propuesta es más limitada para los mineros y validadores individuales. Sus ingresos por validación se clasificarían como renta ordinaria y se establecerían reglas de localización fiscal, pero se mantendría el criterio actual sobre el momento de tributación: las recompensas se reconocen normalmente cuando el contribuyente obtiene el control sobre ellas.
El proyecto tampoco acepta la propuesta sectorial de aplazar el impuesto sobre las recompensas de minería o staking hasta la venta de los activos. A cambio, el Departamento del Tesoro tendría que crear un programa voluntario de divulgación para que los contribuyentes con errores en declaraciones anteriores puedan regularizar su situación, pagar los impuestos y los intereses pendientes y, potencialmente, obtener alivio frente a determinadas sanciones.
Andrew Gordon, abogado especializado en fiscalidad de criptomonedas, calificó la iniciativa de avance importante para los inversores que buscan reglas claras. La votación del comité será solo el primer paso: el texto aún podría modificarse, tendría que superar una votación en el pleno de la Cámara, pasar por el Senado y recibir la aprobación presidencial. Cualquier cambio en las reglas sobre stablecoins, comisiones o ventas con recompra alteraría también la previsión de una recaudación neta adicional de 500 millones de dólares.
