El sector de las criptomonedas en Estados Unidos destinó cerca de 8 millones de dólares durante el primer semestre de 2026 a actividades de presión política relacionadas con la ley Clarity, el proyecto que buscaba fijar un marco regulatorio integral para los activos digitales. La norma no consiguió avanzar en el Senado: el 15 de septiembre obtuvo 49 votos, frente a los 60 que necesitaba para continuar su tramitación.
Más de 13 millones en actividad política
El dato procede de un análisis de los registros federales de lobbying realizado por CoinDesk. Según esa revisión, empresas y asociaciones del sector cripto gastaron en conjunto más de 13 millones de dólares en actividades de presión política entre enero y junio.
Aproximadamente 8 millones de esa suma aparecían vinculados a las negociaciones sobre nuevas normas para el mercado de criptomonedas. Dentro de ese importe, unos 2,4 millones se pagaron a firmas externas especializadas en ejercer presión política y otros 2,1 millones correspondieron a profesionales contratados directamente por las asociaciones del sector. El resto fue asumido por los equipos internos de las compañías.
La campaña no se limitó a la ley Clarity. Las empresas y organizaciones también trataron de influir en Washington sobre la fiscalidad de las criptomonedas, la minería, las normas contra el blanqueo de capitales y otras iniciativas regulatorias.
La Blockchain Association ofrece una medida de la intensidad de esos esfuerzos. Su directora de políticas públicas, Lindsay Fraser, afirmó que la organización mantuvo más de 380 reuniones con personal del Congreso y otros funcionarios federales durante los seis primeros meses del año.
Coinbase encabezó el gasto del sector
Coinbase fue la compañía que más dinero destinó por sí sola a estas actividades. La plataforma declaró unos 2,2 millones de dólares en gastos de presión relacionados, entre otros asuntos, con la ley Clarity. Kraken desembolsó casi un millón de dólares.
También contrataron a grupos de presión Kraken, Digital Currency Group, Jump Crypto y Paradigm. La participación incluyó tanto a empresas individuales como a asociaciones sectoriales y firmas especializadas, lo que reflejó la amplitud de los intereses implicados en la negociación.
Un portavoz de Coinbase defendió que el gasto no fue infructuoso. Según su valoración, contribuyó a acercar la aprobación de una legislación integral sobre criptomonedas y ayudó a preparar el terreno para futuras normas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC).
La ley también había recibido el respaldo de grandes grupos de las finanzas tradicionales, entre ellos BlackRock, Fidelity y Goldman Sachs. Además, avanzó más que anteriores intentos de crear un marco general para el mercado estadounidense de activos digitales.
El proyecto chocó con divisiones políticas y sectoriales
Las negociaciones se atascaron por varios puntos, entre ellos el tratamiento regulatorio de las monedas estables y las restricciones éticas aplicables a altos cargos públicos. En el Senado, el proyecto quedó bloqueado al no alcanzar los 60 votos necesarios.
Las diferencias tampoco se limitaron a los partidos políticos. Dentro de la propia industria cripto hubo desacuerdos sobre cuestiones regulatorias relevantes. Corey Frayer, antiguo empleado de la SEC y actual miembro de la Consumer Federation of America, señaló la existencia de esos conflictos internos durante el proceso.
El fracaso de la votación no elimina por completo el trabajo realizado. La ley llegó al Senado y varios de sus apartados reunieron apoyos tanto republicanos como demócratas, una base que podría servir para un nuevo intento legislativo. Mientras tanto, parte de la presión del sector se está trasladando hacia los supervisores estadounidenses. La SEC y la CFTC continúan trabajando en normas sobre activos digitales, y las empresas también concentran sus esfuerzos en esos organismos.
