El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado intervenir ante el Tribunal General de la Unión Europea en el litigio que enfrenta a Elon Musk y a su plataforma X con la Comisión Europea por una multa de 120 millones de euros. Washington sostiene que Bruselas está ampliando de forma excesiva su autoridad sobre empresas estadounidenses y cuestiona cómo atribuye responsabilidades dentro del grupo empresarial de Musk.
Washington respalda la posición de Musk y X
El Departamento de Justicia estadounidense presentó la petición para intervenir en los procedimientos iniciados por X Internet y X Holdings contra la decisión de la Comisión. Ambas sociedades recurrieron la sanción y solicitan que sea anulada total o parcialmente. El recurso fue presentado en febrero.
La disputa, que inicialmente se centraba en el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA), adquiere así una dimensión internacional. Estados Unidos considera que la Comisión Europea está intentando extender su poder regulatorio sobre compañías que, a su juicio, no quedan sometidas a la jurisdicción europea.
La preocupación de Washington se concentra especialmente en los criterios utilizados para determinar qué empresas pueden ser consideradas responsables de un servicio digital. El Departamento de Justicia sostiene que Bruselas no estaría teniendo suficientemente en cuenta la separación entre distintas sociedades y que, además, estaría incorporando en su análisis a Musk y a otras empresas bajo su control.
“No toleraremos que la Comisión Europea estire en exceso su regulación para controlar motores estadounidenses de innovación y crecimiento económico”, afirmó Brett Shumate, responsable de la División Civil del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los motivos de la multa europea
La Comisión Europea impuso la sanción en diciembre de 2025 tras concluir que X había incumplido sus obligaciones de transparencia en tres áreas de la DSA: la marca azul de las cuentas verificadas, el registro de publicidad y el acceso de los investigadores a los datos públicos de la plataforma.
Fue la primera decisión formal de la Comisión en la que se constató una infracción de la Ley de Servicios Digitales. Uno de los puntos centrales es el sistema de verificación. En X, los usuarios pueden pagar para obtener la marca azul, pero Bruselas considera que ese distintivo no permite comprobar de manera efectiva quién está detrás de la cuenta. Por ello, la institución entiende que puede inducir a error a los usuarios.
La Comisión también concluyó que el registro publicitario de X no ofrecía suficiente transparencia y que la plataforma imponía obstáculos innecesarios a los investigadores que trataban de consultar datos públicos.
X ha impugnado varias partes de la resolución. Según el registro oficial de asuntos de la Unión Europea, la compañía considera, entre otros argumentos, que la Comisión interpretó de forma incorrecta el concepto de “prestador” previsto en la DSA. La empresa también rechaza las conclusiones relativas a la marca azul, el acceso a los datos y el registro de anuncios.
El caso puede afectar a otras tecnológicas estadounidenses
La intervención que pretende Estados Unidos refleja una preocupación que va más allá de X. Muchas de las plataformas en línea de muy gran tamaño sometidas a la DSA europea tienen una matriz estadounidense. Washington sostiene que la forma en que Bruselas determina la responsabilidad dentro de un grupo empresarial puede entrar en tensión con los principios de jurisdicción territorial y con la separación entre sociedades.
La Comisión mantiene la aplicación de la DSA mientras el procedimiento judicial sigue su curso. En julio, Bruselas aceptó un plan de acción de X para corregir varias deficiencias, entre ellas las relacionadas con el registro publicitario y el acceso de los investigadores a los datos públicos. La plataforma dispone de seis meses para aplicar esas medidas, que posteriormente serán sometidas a una revisión externa.
El Tribunal General deberá decidir ahora sobre la solicitud estadounidense de intervenir en el litigio. Mientras tanto, X y Musk mantienen su petición de anular total o parcialmente la decisión europea, y Washington busca exponer por qué considera que el criterio aplicado por Bruselas puede tener consecuencias para otras grandes tecnológicas de Estados Unidos.
