Un juez del Tribunal Superior de Londres ha rechazado que miles de inversores chinos puedan reclamar más de 61.000 BTC incautados en Reino Unido únicamente por haber sido víctimas de un fraude. En una resolución fechada el 12 de octubre, el magistrado Mark Turner determinó que las reclamaciones sobre la propiedad de esos bitcoins deben analizarse conforme al derecho chino, no según los principios británicos sobre bienes y fideicomisos.
El valor de los activos ronda actualmente los 5.000 millones de dólares. La decisión no resuelve quién recibirá finalmente las monedas, pero sí elimina la vía jurídica con la que los inversores pretendían acreditar sus derechos bajo la legislación inglesa.
Un fraude de inversión convertido en una disputa sobre bitcoin
El caso tiene su origen en los negocios de inversión gestionados por Zhimin Qian a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology y otras sociedades vinculadas. Según los hechos aceptados por las partes en el procedimiento, las operaciones recaudaron unos 40.230 millones de yuanes —aproximadamente 4.100 millones de libras— mediante al menos 128.409 contratos de inversión entre 2014 y 2017.
El tribunal, no obstante, advirtió de que el número de contratos no equivale necesariamente al número de víctimas. Durante la actividad del entramado se devolvieron alrededor de 34.100 millones de yuanes, unos 3.400 millones de libras, a algunos participantes, mientras que otros no recuperaron nada.
Qian convirtió parte del dinero en bitcoin. Compró más de 100.000 BTC a través de una cuenta en el exchange Huobi y también realizó operaciones extrabursátiles en China. Tras abandonar el país en 2017 y trasladarse a Reino Unido, las autoridades británicas incautaron dispositivos, claves privadas y otros activos relacionados con más de 61.000 BTC.
Esas criptomonedas quedaron sometidas a un procedimiento civil de recuperación iniciado por el Director de la Fiscalía Pública británica al amparo de la Ley de Activos delictivos de 2002. Los inversores chinos intentaron demostrar que podían rastrear sus fondos defraudados hasta los bitcoins comprados con ellos.
La pérdida económica no acredita por sí sola la propiedad
La estrategia de los demandantes pasaba por anular los contratos de inversión fraudulentos y sostener que esa anulación generaba derechos de propiedad basados en un fideicomiso. Esos derechos, según su argumento, podrían seguir el recorrido del dinero hasta los bitcoins que acabaron bajo control de las autoridades británicas.
Los fiscales se opusieron. A su juicio, tanto las operaciones originales como la eventual adquisición de derechos sobre los fondos tuvieron lugar principalmente en China. Turner coincidió con esa interpretación: los inversores, los responsables del fraude, los pagos y las compras de bitcoin estaban vinculados de forma predominante a ese país.
El juez rechazó también que la posterior presencia de las criptomonedas en Reino Unido determinase la legislación aplicable. Para fijar ese criterio se centró en las relaciones jurídicas creadas cuando se recaudaron las inversiones y cuando el dinero fue convertido en bitcoin. La localización final de los activos no alteraba, por sí sola, esa conexión.
La resolución subraya una diferencia decisiva en este tipo de procesos. Conforme al artículo 281 de la Ley de Activos delictivos, los reclamantes deben demostrar un interés de propiedad sobre los bienes sometidos a recuperación. No basta con probar que los autores del fraude les deben dinero. Turner recalcó que esa norma no crea un mecanismo general de compensación para todas las personas que hayan sufrido pérdidas por una actividad delictiva.
La próxima fase deberá aplicar el derecho chino
El procedimiento entra ahora en una etapa más compleja. Los inversores tendrán que acreditar qué derechos reconoce la legislación china en relación con los contratos fraudulentos, si esos derechos sobreviven a la conversión del dinero en criptomonedas y si pueden extenderse a los activos concretos incautados en Reino Unido.
La estructura del fraude puede dificultar ese análisis. Hubo numerosas cuentas bancarias, acuerdos de inversión y devoluciones parciales, por lo que la situación financiera y jurídica de cada reclamante puede ser distinta. Además, el tribunal todavía no ha recibido las pruebas necesarias para determinar el contenido exacto del derecho chino ni la base factual de cada reclamación.
Turner rechazó que la legislación inglesa debiera aplicarse provisionalmente hasta que se demostrase el contenido del derecho chino. Según su razonamiento, elegir la ley aplicable y probar cuál es su contenido son cuestiones diferentes.
El litigio incluye asimismo a unos administradores judiciales designados para Tianjin Lantian Gerui a instancias de una de las presuntas víctimas. Estos administradores han formulado reclamaciones separadas sobre activos bajo control de los fiscales británicos, pero el juez dejó para más adelante la validez de esa vía.
Los abogados de los inversores prevén recurrir la resolución, según informó Financial Times. Mientras tanto, el tribunal deberá concretar cómo se ejecuta el fallo, examinar los derechos de propiedad reconocidos por China y revisar las reclamaciones individuales antes de decidir qué parte de los bitcoins puede corresponder a los solicitantes que logren acreditar su titularidad.
