La Independent Community Bankers of America (ICBA), la principal asociación de bancos comunitarios de Estados Unidos, ha demandado a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) para que un tribunal federal anule la norma que ha permitido a varias empresas de criptomonedas acceder a licencias bancarias nacionales de finalidad fiduciaria.
La demanda se presentó el 2 de octubre ante un tribunal federal de Washington, apenas dos semanas después de que la OCC aprobara las solicitudes de Agora National Trust Bank, Catena Trust Bank y Bastion Platforms. La asociación reclama la anulación de la norma sobre bancos nacionales de confianza y de la Carta Interpretativa 1176, al considerar que el regulador se extralimitó al ampliar el alcance de las licencias de finalidad limitada para empresas fintech y de criptoactivos.
El conflicto pasa de los solicitantes a la norma
Los grupos bancarios habían tratado hasta ahora de frenar estas autorizaciones caso por caso. Sin embargo, la OCC continuó aprobando solicitudes vinculadas al sector. La ICBA sostiene que el regulador ha convertido una figura pensada para actividades fiduciarias limitadas en un marco aplicable a compañías de criptomonedas que no aceptan depósitos y que desarrollan actividades no fiduciarias, bajo requisitos menos exigentes que los de los bancos asegurados.
Según la asociación, la OCC ha aprobado o dado una aprobación condicional a 21 bancos nacionales de confianza, 13 de ellos relacionados con el mercado de criptoactivos. Entre las decisiones adoptadas figuran las correspondientes a solicitantes vinculados a BitGo, Fidelity Digital Assets, First National Digital Currency Bank, Paxos y Ripple, en diciembre de 2025. En febrero llegaron Bridge, National Digital Trust y Foris DAX, matriz de Crypto.com; Coinbase obtuvo su autorización en abril y Laser Digital en mayo. Las aprobaciones de Agora, Catena y Bastion se produjeron el 18 de septiembre, y varias de estas decisiones son condicionales o preliminares.
La OCC cerró su norma sobre los bancos nacionales de confianza en febrero, con entrada en vigor el 1 de abril. El texto sustituyó la referencia a las “actividades fiduciarias” por una formulación más amplia: “las operaciones de una compañía fiduciaria y las actividades relacionadas con ellas”. El regulador defiende que ese cambio no altera su capacidad para conceder licencias y recuerda que estos bancos han realizado durante años algunas actividades no fiduciarias, incluida la custodia.
Custodia, stablecoins y servicios de liquidación, en el centro
La OCC también invoca la sección 24(Seventh) del Código de Estados Unidos como base legal para la custodia no fiduciaria y otras actividades relacionadas. La ICBA interpreta, en cambio, que la norma permite encajar dentro de una licencia limitada negocios de infraestructura cripto que van mucho más allá de la custodia tradicional.
La diferencia resulta especialmente relevante en actividades como la emisión de stablecoins, la gestión de reservas, los pagos, la liquidación, la conversión y la ejecución de operaciones. El plan aprobado para Coinbase contempla la custodia fiduciaria de activos digitales y servicios transaccionales vinculados a esos activos. Agora prevé emitir una stablecoin respaldada por dólares, mantener sus reservas y ofrecer custodia no fiduciaria, pagos y liquidación. Catena combina custodia, gestión de inversiones y servicios fiduciarios con conversión, compensación y ejecución. Bastion, por su parte, ofrece emisión de stablecoins para terceros, monederos de custodia y servicios para emisores.
La demanda solicita la anulación de la norma, además de medidas declarativas y cautelares. El impacto sobre las licencias ya concedidas dependerá de la resolución del juez y de cómo trate las autorizaciones definitivas, las condicionales y aquellas actividades que puedan contar con una base legal independiente.
Una decisión con efectos sobre las solicitudes pendientes
La propia OCC ya había advertido de que los tribunales tendrían que resolver el alcance de su autoridad. En su norma de febrero citó la sentencia Loper Bright del Tribunal Supremo, según la cual los jueces deben ejercer su propio criterio al interpretar si la Ley Bancaria Nacional autoriza este tipo de licencias cuando una parte con legitimación impugna esa cuestión. Ese es ahora el análisis que la ICBA pide al tribunal federal.
La OCC afirmó en agosto que había recibido 40 solicitudes de nuevas licencias en unos 18 meses, 23 de ellas relacionadas con activos digitales, según el entonces contralor Jonathan Gould. La página del regulador incluye entre las solicitudes pendientes las de zerohash, Dakota National Trust Bank, Payward —la compañía matriz de Kraken—, Lorum National Trust Bank, EDX Trust y PAYO Digital Bank.
La cuestión inmediata es si la OCC seguirá tramitando esas solicitudes bajo los mismos criterios mientras avanza el litigio. Si el tribunal respalda al regulador, la licencia de banco nacional de confianza ganaría peso como vía federal para la custodia de criptoactivos y la infraestructura de stablecoins. Si la norma o la Carta Interpretativa 1176 son anuladas o limitadas, las empresas más expuestas serían las que basan su modelo en servicios no fiduciarios, reservas, pagos, conversión y liquidación. Algunas podrían tener que reorganizar sus actividades mediante filiales, entidades fiduciarias estatales o acuerdos con bancos asociados.
