Los bancos estadounidenses temen que la nueva normativa sobre stablecoins facilite una salida de depósitos hacia activos digitales si los usuarios pueden obtener recompensas por mantener dólares tokenizados. La banca sostiene que ese desplazamiento reduciría una de sus principales fuentes de financiación y podría afectar a la concesión de hipotecas y préstamos a empresas.
El foco de la disputa está en las normas definitivas de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), el organismo encargado de supervisar a los bancos nacionales de Estados Unidos y con un papel relevante en la aplicación de la ley GENIUS. La Asociación de Banqueros Estadounidenses (ABA) considera que el texto deja demasiado margen para que los emisores de stablecoins colaboren con terceros que remuneren a los titulares de estos activos.
El temor a una remuneración indirecta
La ley GENIUS, aprobada en julio de 2025, establece un marco regulatorio para las stablecoins de pago, cuyo valor suele estar vinculado a una moneda tradicional como el dólar. Uno de sus principios centrales es que los emisores no pueden pagar directamente intereses u otros rendimientos a quienes poseen sus tokens.
La ABA cuestiona, sin embargo, la forma en que la OCC ha concretado esa prohibición. Según la asociación, la versión definitiva de las reglas elimina algunas disposiciones incluidas en una propuesta anterior, diseñadas para impedir que las empresas sortearan la limitación mediante acuerdos con plataformas de intercambio u otras entidades.
En ese escenario, el emisor no abonaría formalmente el rendimiento, pero un socio externo podría ofrecer recompensas a los usuarios por mantener stablecoins. Para los bancos, el resultado económico sería similar al de una cuenta remunerada, aunque el pago se canalizara por una entidad distinta. El Bank Policy Institute, que representa a grandes bancos estadounidenses, también ha advertido sobre esta posibilidad.
La preocupación no se refiere solo al diseño jurídico de los productos. Los depósitos de clientes constituyen una fuente esencial de financiación para la banca tradicional. Con ellos, las entidades sostienen parte de su actividad crediticia, incluida la concesión de hipotecas y préstamos a empresas. Si los ahorradores trasladaran cantidades significativas a stablecoins incentivados por recompensas, los bancos creen que dispondrían de menos fondos para prestar.
Una advertencia, no una fuga confirmada
Por ahora, la salida masiva de depósitos es un riesgo señalado por el sector bancario, no un fenómeno confirmado. El impacto dependerá de si las empresas desarrollan estos mecanismos, del atractivo de las recompensas y de la forma en que los supervisores interpreten y apliquen las reglas.
La industria de las criptomonedas defiende una lectura diferente. La Blockchain Association ha recibido favorablemente los cambios de la OCC porque, a su juicio, encajan mejor con lo que el Congreso estableció en la ley GENIUS. La disputa enfrenta así dos intereses regulatorios: los bancos quieren evitar que las stablecoins compitan con los productos de ahorro convencionales, mientras que las compañías del sector buscan margen para crear servicios financieros vinculados a los activos digitales.
El debate se cruza con la ley CLARITY
La discusión llega mientras Washington intenta avanzar en la ley CLARITY, un proyecto que pretende definir la supervisión del mercado de criptomonedas en su conjunto. Su tramitación atraviesa dificultades: una votación de procedimiento en el Senado no obtuvo el respaldo suficiente para continuar.
El desacuerdo sobre las recompensas añade presión a esas negociaciones. La banca reclama límites más claros para evitar lo que considera una competencia desleal frente a las cuentas de ahorro, mientras que el sector cripto advierte de que una regulación demasiado restrictiva podría frenar la innovación.
La OCC no es el único organismo implicado. También participan la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro en el desarrollo del marco de supervisión. Según el calendario previsto, la aplicación de la ley GENIUS deberá alcanzar una nueva fase relevante como muy tarde en enero de 2027. Hasta entonces, una de las principales incógnitas será hasta dónde llegarán los supervisores para limitar las recompensas canalizadas a través de terceros.
