El Salvador podrá acceder de inmediato a 138 millones de dólares del programa de financiación del Fondo Monetario Internacional (FMI), después de que el organismo aprobara las segunda y tercera revisiones del acuerdo. La decisión incluye exenciones por incumplimientos relacionados con la acumulación de bitcoin, pero mantiene intactas las restricciones sobre nuevas compras financiadas por el Estado.
El desembolso equivale a 101,96 millones de derechos especiales de giro (DEG). El directorio del FMI autorizó la entrega pese a que El Salvador no había cumplido algunos de los criterios de desempeño vinculados a su política de bitcoin. Según el Fondo, las autoridades adoptaron medidas correctivas y renovaron sus compromisos dentro del programa.
El límite a las compras públicas sigue vigente
La revisión no supone un cambio en la orientación del acuerdo. El FMI indicó que no está prevista una acumulación adicional de bitcoin por parte del Gobierno, salvo en el caso de donaciones debidamente documentadas. La distinción es relevante: el saldo de las reservas puede aumentar sin que eso implique necesariamente que Nayib Bukele haya reanudado las compras con dinero público.
El Salvador mantiene aproximadamente 7.794,37 bitcoin, con un valor estimado de 666,1 millones de dólares. La evolución de los monederos vinculados al Gobierno ha generado dudas porque algunas incorporaciones parecían difíciles de conciliar con los compromisos asumidos ante el FMI. El organismo ya había diferenciado entre los bitcoin adquiridos con fondos públicos y los recibidos mediante donaciones documentadas.
En la práctica, las restricciones dejan menos margen al Ejecutivo para utilizar el balance del Estado con el fin de ampliar la reserva mientras permanezca dentro del programa financiero. Al mismo tiempo, el valor de las tenencias ya controladas por el Gobierno puede variar con la cotización del bitcoin, sin que ello constituya una nueva adquisición.
El FMI pide más transparencia sobre los criptoactivos públicos
La autorización del nuevo tramo se enmarca en una evaluación más amplia. El Fondo señaló que la consolidación fiscal avanza, en términos generales, de acuerdo con los objetivos del programa, y que las metas de reservas y liquidez se han cumplido con holgura.
El acuerdo, aprobado en febrero de 2025 mediante un Servicio Ampliado del Fondo de 40 meses y por un importe total de 1.400 millones de dólares, busca respaldar el ajuste fiscal, reforzar las reservas y avanzar en reformas del sector financiero.
El FMI también destacó los pasos dados para reducir la participación directa del Estado en el ecosistema cripto. El Gobierno ha transferido a un operador privado la mayoría de la propiedad y el control de la cartera Chivo, respaldada por el Estado. Sin embargo, el organismo considera que la exposición restante del sector público debe eliminarse por completo.
Entre las obligaciones pendientes figuran una mejor divulgación de las tenencias de criptoactivos del sector público, el refuerzo de la regulación y la gobernanza de los proveedores de servicios de activos digitales y, cuando sea necesario, modificaciones de la Ley de Emisión de Activos Digitales.
Las próximas revisiones dependerán en parte de que El Salvador pueda justificar documentalmente cualquier variación en su saldo de bitcoin y complete el proceso de desvinculación de Chivo, además de las reformas de transparencia. Si aparecieran nuevas acumulaciones sin explicación suficiente, el Gobierno podría verse obligado a solicitar otra exención para acceder a futuros desembolsos del programa.
