La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha propuesto una vía alternativa para que los asesores de inversión custodien criptoactivos cuando no exista un custodio cualificado disponible. La medida podría ampliar el acceso de los clientes a determinados activos, pero también favorecer a las firmas grandes, capaces de asumir los costes de control, tecnología y supervisión que exige el modelo.
La propuesta, aprobada el 1 de octubre, permitiría al asesor mantener los activos cubiertos de sus clientes bajo una serie de salvaguardas. La SEC calcula en 433.833 dólares anuales por asesor el coste de algunos de estos requisitos, una cifra que no incluye todos los gastos tecnológicos potencialmente relevantes.
Un coste anual de al menos 433.833 dólares
El cálculo de la SEC combina dos partidas principales. La mayor corresponde a un informe independiente sobre los controles internos, con un coste medio estimado de 376.000 dólares al año. A ello se sumarían 57.833 dólares anuales de trabajo interno de cumplimiento normativo. La agencia también estima un desembolso inicial de 173.499 dólares para esa misma función.
La estimación del trabajo interno parte de 300 horas iniciales y 100 horas recurrentes cada año, valoradas a 578,33 dólares por hora. Incluye la preparación de la información, las comunicaciones y el acuerdo entre asesor y cliente para tratar el activo como un activo financiero conforme a la legislación estatal aplicable.
El subtotal no recoge algunos costes de software, hardware, sistemas y procesos asociados. La SEC considera que pueden ser elevados. Además, las obligaciones de conservación de registros y divulgación aparecen en otros apartados del análisis económico, por lo que los 433.833 dólares no representan un presupuesto operativo completo.
Para calcular la posible carga regulatoria, la agencia asume que utilizarían esta opción unos 823 asesores, el 5% de los 16.442 asesores registrados. También advierte de que la adopción real podría ser inferior.
La escala puede marcar la diferencia
El análisis económico reconoce que las firmas pequeñas podrían optar por no ofrecer esta modalidad, mientras que los grandes asesores tendrían más posibilidades de reunir los recursos necesarios. Parte de los costes podría repartirse entre una base de clientes más amplia, varios activos o distintas empresas de un mismo grupo.
La ventaja no implica, sin embargo, un tamaño mínimo universal. Un asesor con muchos activos bajo gestión podría tener solo una pequeña cartera de criptoactivos sujetos a esta alternativa. En cambio, una firma especializada en criptomonedas quizá ya disponga de los conocimientos y la infraestructura que otra tendría que construir desde cero.
La SEC prevé que muchos costes directos puedan trasladarse a los clientes mediante comisiones o gastos. También señala que trabajar con más activos y redes puede elevar la complejidad de los controles y exigir especialistas con conocimientos específicos. La demanda de profesionales capaces de revisar estos sistemas podría encarecer o dificultar el servicio, especialmente para las firmas pequeñas y con menor poder de negociación.
Una opción condicionada a la falta de custodio
La autocustodia del asesor no sería una elección basada simplemente en el precio. Antes de asumir la custodia, la firma tendría que concluir, tras una investigación razonable, que ningún custodio cualificado mantiene ese activo. Esa comprobación debería repetirse al menos cada trimestre.
Si posteriormente apareciera un custodio disponible, el asesor tendría que transferirle el activo tan pronto como fuera razonablemente posible. La propuesta no fija un plazo único para todas las situaciones. Por tanto, una firma podría invertir en controles para un activo y verse obligada después a trasladarlo fuera de su propia custodia.
El modelo exige conocimientos específicos sobre los activos, protección frente a riesgos de ciberseguridad, autorización por parte de al menos dos personas designadas y segregación de los activos de cada cliente. El primer informe independiente de controles debería entregarse en los seis meses posteriores al inicio de la autocustodia y, después, una vez por año natural. También habría informes trimestrales para los clientes.
Estas medidas pretenden reducir los riesgos de uso indebido, apropiación o errores operativos derivados de que el asesor controle los elementos necesarios para gestionar las claves de sus clientes. No eliminan, sin embargo, el riesgo de custodia. La SEC subraya que asumir un mayor gasto no demuestra por sí solo que una firma tenga sistemas eficaces para proteger los activos.
La existencia de bancos y determinadas sociedades fiduciarias estatales autorizadas como custodios podría ofrecer una alternativa. El efecto final dependerá de los costes reales de implantación, del precio de los informes independientes y de los activos que esos custodios lleguen a admitir. En la práctica, la propuesta puede ampliar las opciones disponibles, pero no necesariamente en las mismas condiciones para todos los asesores.
