La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha pedido a la Comisión Europea que examine si las normas de MiCA deben cubrir a las empresas que conectan a sus clientes con préstamos de finanzas descentralizadas (DeFi). La consulta de Bruselas permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre, una fecha que marca el próximo paso para decidir si estas actividades necesitan nuevas obligaciones.
La respuesta de la EBA, publicada el 24 de septiembre, no modifica por sí misma ninguna regla sobre préstamos. El organismo plantea que la Comisión realice un análisis de costes y beneficios antes de decidir si propone cambios legislativos. Para ello, deberá valorar el tamaño de estas actividades, la participación de inversores minoristas y la gravedad de los riesgos asociados.
El foco se sitúa en la puerta de acceso a DeFi
El debate regulatorio no se limita al protocolo que ejecuta el préstamo mediante contratos inteligentes. También alcanza a las compañías que proporcionan la aplicación, la interfaz o el producto que permite al usuario acceder a ese protocolo.
En la práctica, un préstamo puede desarrollarse íntegramente en la cadena de bloques mientras una empresa ofrece el servicio digital que dirige al cliente hasta él. La EBA considera que esa vía controlada por una compañía debe formar parte de la revisión de la Comisión, aunque todavía no está resuelto cómo se clasificaría cada actividad.
El supervisor plantea dos posibles modificaciones. La primera consistiría en incorporar la intermediación de préstamos y créditos con criptoactivos a la lista de servicios que pueden prestar los proveedores de servicios de criptoactivos, conocidos como CASP. La segunda establecería requisitos específicos para los CASP que faciliten el acceso a protocolos de préstamos DeFi, ya sea mediante una interfaz o a través de un producto que ofrezca exposición a esas actividades.
La propuesta también deja abierta una diferencia relevante entre las distintas formas de acceso: una aplicación que conecta al usuario con un protocolo, un servicio que intermedia directamente en el préstamo y un producto financiero que ofrece exposición a DeFi. Cualquier futura norma tendría que traducir esas diferencias en obligaciones concretas para las empresas y en información adicional para los clientes.
Más controles, advertencias y límites potenciales
Entre las medidas que la EBA propone analizar figuran pruebas de idoneidad para determinar si un cliente debería participar en este tipo de operaciones, límites al apalancamiento y una información más completa sobre sus riesgos. En el caso del acceso a protocolos DeFi, el organismo sugiere advertencias específicas sobre la posible ausencia de protección regulatoria cuando la actividad se desarrolla mediante un protocolo realmente descentralizado.
La EBA también menciona la posibilidad de certificar que los protocolos cuentan con una resistencia suficiente frente a ciberataques. En paralelo, plantea estudiar si los CASP deberían tener prohibido intermediar o facilitar préstamos vinculados a tokens que encajen en la definición de tokens referenciados a activos o de dinero electrónico de MiCA cuando sus emisores no dispongan de la autorización exigida por esa regulación.
El supervisor justifica la revisión por diversos perjuicios potenciales para los consumidores: información incompleta sobre comisiones, rendimientos o cambios en los requisitos de garantía; un apalancamiento capaz de amplificar las pérdidas; problemas derivados de la mezcla de fondos; interrupciones del servicio, ataques informáticos y registros deficientes. También señala que estas operaciones pueden realizarse sin evaluar la solvencia del prestatario, con el consiguiente riesgo de sobreendeudamiento.
La Comisión decidirá si convierte las propuestas en ley
La consulta específica de la Comisión Europea termina el 30 de septiembre a las 23:59, hora de verano de Europa Central. Las respuestas se incorporarán al informe sobre la aplicación de MiCA y la evolución de los mercados de criptoactivos. Bruselas ha indicado que podría acompañar ese informe de una propuesta legislativa si considera que está justificado.
Mientras tanto, las guías de acceso de MetaMask y Aave ilustran las distintas rutas posibles hacia los préstamos DeFi, desde una aplicación hasta la interacción directa con un contrato inteligente. Esos documentos no determinan si una función concreta está disponible para clientes de la Unión Europea ni cómo se clasificaría a sus operadores bajo una futura norma. La frontera regulatoria, por tanto, sigue pendiente de definición: el protocolo puede continuar ejecutando operaciones en la cadena, mientras la aplicación situada en el punto de entrada podría quedar sujeta a controles o advertencias.
