La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga un grupo acusado de estafar a personas que buscaban una vivienda mediante anuncios falsos de alquiler y de blanquear parte del dinero obtenido a través de criptomonedas. La operación se salda, por ahora, con siete detenidos y tres investigados. La investigación contabiliza alrededor de 20 víctimas y un perjuicio económico cercano a los 150.000 euros, aunque los agentes no descartan que aparezcan más afectados.
Alquilaban pisos turísticos para ofrecerlos como vivienda habitual
El grupo localizaba viviendas turísticas anunciadas en portales de alquiler o en grupos de mensajería. Las reservaba durante un solo día y, después, las publicitaba como si sus integrantes fueran los propietarios o contaran con autorización para arrendarlas a largo plazo.
Las personas interesadas visitaban los inmuebles y abonaban por adelantado la reserva y la fianza, normalmente mediante Bizum o transferencia bancaria. La organización utilizaba contratos de arrendamiento falsos y, en algunos casos, ofrecía el mismo piso a varias personas durante una misma jornada.
La investigación comenzó después de que varias víctimas presentaran denuncias en la Comisaría de Distrito Centro de Málaga. Los agentes localizaron algunos de los inmuebles anunciados y pudieron frustrar nuevas operaciones cuando otros interesados acudían a visitarlos o a formalizar el supuesto alquiler.
El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga. Los diez implicados están acusados de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales.
Una estructura coordinada desde España y Tailandia
Según la información policial citada por EFE y otros medios, el presunto cabecilla operaba desde Tailandia. Desde allí habría planificado las operaciones, publicado los anuncios y reclutado colaboradores en España. También utilizaba numerosas líneas telefónicas para dificultar su localización.
Un coordinador en España se encargaba de las tareas sobre el terreno: recogía el dinero, lo trasladaba a Benalmádena y entregaba las llaves a colaboradores y a las personas que acudían a ver los pisos. Otros dos miembros enseñaban los inmuebles como si fueran suyos y cobraban las reservas y las fianzas pese a saber, según la investigación, que no tenían derecho a alquilarlos.
El recorrido del dinero comenzaba con los pagos de las víctimas y continuaba a través de varias cuentas bancarias. Posteriormente, parte de los fondos se movía en efectivo hasta Benalmádena. Allí, otro investigado se encargaba de convertirlo en criptoactivos, mientras que el presunto cabecilla utilizaba criptomonedas para blanquear el capital procedente de las estafas, siempre según la hipótesis policial.
La criptomoneda aparece en la fase final del fraude
Las víctimas no pagaron directamente con criptomonedas. En este caso, los activos digitales aparecen después, como una herramienta para transformar o mover el dinero obtenido mediante Bizum, transferencias y efectivo.
La Policía Nacional no ha precisado qué cantidad de los 150.000 euros habría terminado convertida en criptoactivos. Tampoco se ha detallado si la operación se realizó mediante un cajero, una plataforma de intercambio o un intermediario particular. La información disponible no aclara además si el presunto cabecilla que operaba desde Tailandia se encuentra entre los detenidos.
La investigación sigue abierta y podría elevar tanto el número de víctimas como la cantidad defraudada. El caso vuelve a mostrar cómo una estafa inmobiliaria basada en anuncios y contratos falsos puede incorporar, en su última fase, mecanismos de blanqueo que alejan los fondos de su recorrido bancario original.
