El proyecto de ley CLARITY llegó a incorporar una cifra concreta en uno de los debates éticos más delicados de la política cripto estadounidense: los altos cargos federales que mantuvieran más de 15.000 dólares en participaciones de determinadas empresas emisoras o promotoras de activos digitales tendrían que venderlas o depositarlas en un fideicomiso ciego cualificado. La obligación alcanzaría también a sus cónyuges, pero no a sus hijos adultos. El Senado no aprobó el texto el 15 de septiembre, de modo que la disposición nunca entró en vigor.
Ese límite ayuda a entender por qué Donald Trump respaldó una norma que, en la práctica, se detenía en el negocio familiar. La propuesta podía afectar a los intereses del presidente y de su esposa, pero dejaba fuera las participaciones que sus hijos adultos poseyeran de forma independiente. La diferencia no es menor en el caso de Trump: su declaración financiera certificada más reciente reflejó ingresos superiores a 1.400 millones de dólares procedentes de negocios cripto en 2025, según Reuters. La mayor parte estaba vinculada a World Liberty Financial y al negocio de la memecoin de Trump, iniciativas relacionadas con miembros de su familia, incluidos sus hijos.
Una regla dirigida a empresas, no a cualquier tenencia de criptomonedas
La disposición no habría prohibido a los funcionarios poseer bitcoin u otros criptoactivos. Tener 20.000 dólares en bitcoin, por ejemplo, no habría activado automáticamente la obligación. El texto se centraba en participaciones de empresas o filiales cuya principal fuente de ingresos, en cualquiera de los tres años naturales anteriores, hubiera sido la emisión o el patrocinio de activos digitales. Los activos tradicionales tokenizados quedaban excluidos.
La restricción habría afectado al presidente, al vicepresidente, a altos cargos del Ejecutivo, a miembros del Congreso y a otros funcionarios sujetos a las normas de declaración pública de patrimonio. También habría impedido que esos cargos emitieran o patrocinaran activos digitales a cambio de una remuneración.
Los republicanos defendieron que el texto recogía la mayor parte de una propuesta ética bipartidista y decenas de cambios planteados por los demócratas. Varios legisladores demócratas, sin embargo, consideraron que las salvaguardas seguían siendo insuficientes. Su objeción principal se concentraba en la exclusión de los hijos adultos: una familia podría mantener una exposición económica relevante al sector mientras el funcionario se separaba formalmente del activo.
El caso Lutnick muestra dónde queda la frontera
La situación del secretario de Comercio, Howard Lutnick, ilustra el problema desde otro ángulo. Antes de incorporarse al gabinete de Trump en febrero de 2025, dirigió durante décadas Cantor Fitzgerald, una de las grandes firmas de negociación e inversión de Wall Street. La compañía mantiene una relación estrecha con Tether, la empresa responsable de USDT, la mayor moneda estable del mundo. Cantor ha custodiado miles de millones de dólares en bonos del Tesoro de Tether y continúa implicada en su negocio estadounidense, entre otras funciones como custodio de reservas y operador principal preferente para su moneda estable regulada en Estados Unidos.
Al entrar en el Gobierno, Lutnick dejó Cantor Fitzgerald. Posteriormente transfirió su participación a fideicomisos en beneficio de sus hijos adultos. Su hijo Brandon dirige ahora la compañía y controla los fideicomisos que poseen los derechos de voto. La documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos refleja que, tras la transferencia de octubre de 2025, Lutnick dejó de ser considerado titular efectivo de los valores asociados a esa estructura de control.
La separación legal es relevante, pero la riqueza familiar continúa vinculada al mismo negocio. No hay indicios en la información disponible de que Lutnick siga dirigiendo Cantor desde Washington; el debate es otro: qué debe hacer una norma ética cuando el funcionario abandona realmente el control de un activo, pero su familia conserva una exposición económica significativa a una industria regulada por el Gobierno.
Un fideicomiso ciego no equivale a pasar el negocio a los hijos
La diferencia entre ambas fórmulas también es jurídica. Un fideicomiso ciego cualificado exige un administrador independiente y limita el conocimiento y el control del funcionario sobre las inversiones. No basta con cambiar el nombre que figura en los documentos. Además, los activos no dejan de estar vinculados al cargo de forma inmediata: las reglas federales suelen considerar conocidas las posiciones originales hasta que el administrador las venda o caigan por debajo del umbral aplicable.
Transferir una empresa a hijos adultos es distinto. Esa operación puede eliminar el control directo del funcionario, pero no necesariamente la conexión económica familiar. La legislación federal atribuye normalmente al empleado público los intereses financieros de su cónyuge o de sus hijos menores, mientras que los bienes de un hijo adulto independiente no se imputan automáticamente al progenitor.
La ley CLARITY no llegó a probar esa frontera en la práctica. Pero el dilema permanece: las normas pueden obligar a un presidente o a un miembro del gabinete a vender un activo o colocarlo en un fideicomiso ciego, mientras el negocio continúa en la siguiente generación. En un sector donde las reglas sobre monedas estables, acceso bancario y emisión de tokens pueden alterar con rapidez el valor de una empresa, la separación legal entre el funcionario y su familia no siempre resuelve la cuestión política.
