Las empresas de criptomonedas que operan en Reino Unido podrían quedar impedidas de captar nuevo negocio con sus clientes actuales si no presentan a tiempo su solicitud de autorización ante la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). El regulador abrió el 30 de septiembre el periodo para acceder al nuevo régimen, que se aplicará plenamente el 25 de octubre de 2027.
Las compañías que ya prestan servicios relacionados con bitcoin y presenten su solicitud antes del 28 de febrero de 2027 podrán beneficiarse de una protección transitoria si la FCA todavía no ha resuelto su expediente cuando entre en vigor el régimen. En ese caso, podrán seguir ofreciendo los servicios incluidos en la solicitud, también a través de nuevas operaciones.
La fecha de febrero no implica, por tanto, que las plataformas deban dejar de operar de inmediato. Es el límite para acogerse a la denominada disposición de salvaguarda, una protección temporal para las solicitudes pendientes. Su alcance estará limitado a las actividades descritas en el expediente y no supondrá una autorización general para todos los servicios de una plataforma.
La fecha de solicitud determinará el margen de actividad
Las empresas todavía podrán solicitar autorización después del 28 de febrero de 2027. Sin embargo, las consecuencias serán distintas. Una compañía que presente su solicitud antes del inicio del régimen, pero siga esperando una decisión el 25 de octubre, quedará sujeta a la disposición transitoria mientras la FCA estudia el expediente.
Esta vía permitirá mantener las actividades reguladas que sean necesarias para ejecutar contratos suscritos antes de que la empresa entrara en el periodo transitorio. No permitirá celebrar nuevos contratos ni con clientes británicos ya existentes ni con nuevos clientes del país. El hecho de que una persona ya tenga una cuenta no bastará para conservar el acceso a nuevas operaciones.
La limitación podrá prolongarse durante un máximo de dos años. Durante ese periodo, la empresa tendrá que informar a la FCA y a las partes de los contratos vigentes. Las comunicaciones a los clientes deberán explicar que la compañía no dispone de la autorización correspondiente y señalar si han cambiado de forma relevante las medidas de protección de activos, los mecanismos de resolución de conflictos o los sistemas de compensación.
La protección para las solicitudes presentadas dentro de plazo también tiene límites. La disposición de salvaguarda expirará dos años después del comienzo completo del régimen y presentar una solicitud no garantiza que la autorización vaya a concederse. La cobertura puede mantenerse incluso cuando la FCA haya rechazado la solicitud y el rechazo siga sujeto a revisión.
Qué actividades y empresas quedan dentro del alcance
El regulador podrá ordenar a una empresa que pase a un proceso restringido de liquidación gradual cuando resulte necesario para facilitar actuaciones contra la delincuencia, proteger a los consumidores o cumplir los objetivos de la propia FCA. Las compañías que desarrollen actividades incluidas en el régimen y no presenten una solicitud antes de su entrada en vigor deberán completar su salida del mercado británico antes de esa fecha.
Entre las actividades relevantes para los proveedores de servicios sobre bitcoin figuran las plataformas de negociación, la compraventa y gestión de operaciones por cuenta de clientes y la custodia. Las empresas extranjeras que atienden a consumidores de Reino Unido también pueden quedar incluidas, aunque las normas territoriales contemplan excepciones específicas para determinados intermediarios y servicios de custodia.
El registro vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales no se transformará automáticamente en una autorización bajo el nuevo marco. Del mismo modo, las empresas que ya cuentan con autorización al amparo de la Ley de Servicios y Mercados Financieros para otras actividades deberán modificar sus permisos si quieren ofrecer los nuevos servicios relacionados con criptoactivos.
Por ello, disponer de un registro o de una autorización previa no resuelve por sí solo si una plataforma podrá operar con el permiso exigido, acogerse a la protección para solicitudes pendientes o quedar limitada a gestionar únicamente sus contratos existentes cuando llegue octubre de 2027.
