Las probabilidades de que la CLARITY Act se convierta en ley en 2026 superaron el 32% en Polymarket después de que los republicanos del Senado presentaran su texto definitivo de compromiso antes de la votación decisiva del martes. El repunte se produjo tras la concesión de Donald Trump en materia de ética y después de la publicación de un borrador de 635 páginas destinado a resolver los principales obstáculos políticos del proyecto.
El Senado afronta el primer umbral de 60 votos
La votación prevista para el martes no aprobará todavía la ley. Los senadores decidirán si invocan la clausura sobre la moción para comenzar a tramitar la H.R. 3633, un paso procesal que exige 60 votos y permitiría abrir el debate sobre el texto. Si sale adelante, la versión final se presentaría como una enmienda sustitutiva.
El resultado será la primera prueba de la capacidad de los republicanos para reunir apoyos demócratas después de más de un año de negociaciones. La subida de las probabilidades en el mercado de predicción refleja una mayor confianza en que el nuevo paquete pueda desbloquear el proyecto, aunque la cotización sigue lejos de los niveles alcanzados a comienzos de año.
El contrato llegó a situar en torno al 82% la posibilidad de aprobación en febrero. Las discrepancias sobre las normas éticas, las recompensas asociadas a las monedas estables y las garantías para las finanzas descentralizadas redujeron posteriormente esas expectativas. El nivel actual es el más alto desde el 2 de agosto.
La concesión de Trump aborda una de las principales objeciones
El cambio con mayor peso político afecta al presidente Trump y a otros cargos federales con intereses financieros relevantes en criptoactivos. El presidente aceptó sustancialmente una propuesta de ética elaborada por el senador republicano Thom Tillis y el demócrata Ruben Gallego.
El marco obligaría a los funcionarios incluidos en la norma a desprenderse de esos activos o depositarlos en un fideicomiso ciego cualificado. También otorgaría a los fiscales generales de los estados capacidad para hacer cumplir las restricciones. Según los negociadores republicanos, las limitaciones cubrirían a cargos federales electos, jueces y sus cónyuges. La Casa Blanca se había resistido hasta ahora a ampliar el papel de los fiscales generales estatales.
El asesor de activos digitales de la Casa Blanca, Patrick Witt, presentó las modificaciones como la prueba de que los republicanos habían agotado el margen de negociación. “Tras más de un año de negociaciones, ha llegado el momento de aprobar este proyecto bipartidista”, afirmó.
Más cambios sobre monedas estables, desarrolladores y mercados
El texto incorpora también un mecanismo de intervención para las monedas estables de pago. El secretario del Tesoro podría activarlo si considera que las recompensas vinculadas a estos activos están provocando retiradas sustanciales de depósitos en bancos comunitarios, una de las preocupaciones expresadas durante las conversaciones.
Las disposiciones de la Blockchain Regulatory Certainty Act se han limitado. La versión final protege a los desarrolladores de software frente a las obligaciones de registro como transmisores de dinero e incluye una salvaguarda civil, pero recorta las protecciones que podían extenderse a casos penales.
El proyecto añade asimismo restricciones sobre la negociación por parte de entidades afiliadas y los conflictos de interés en bolsas, intermediarios y operadores de materias primas digitales. Mantiene las leyes estatales de protección al consumidor y aclara que las garantías para los desarrolladores no desplazan la regulación de derivados ni la autoridad vigente de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos.
Los republicanos califican estas modificaciones de oferta final. La senadora Cynthia Lummis sostiene que los demócratas han obtenido más de 120 cambios solicitados, mientras que el presidente de la Comisión Bancaria, Tim Scott, habla de más de 100. La clave estará ahora en si esas concesiones bastan para que los senadores demócratas que impulsaron las últimas revisiones apoyen la clausura. Si no se alcanza el umbral de 60 votos, el Senado podría quedarse sin iniciar siquiera el debate sobre la ley.
