Donald Trump mantiene su interés en ampliar la reserva estratégica de Bitcoin de Estados Unidos, pero el Gobierno todavía no ha encontrado una vía jurídica clara para comprar directamente en el mercado. La Casa Blanca ha estudiado distintas alternativas, aunque las dudas sobre las competencias federales y el control del gasto por parte del Congreso han frenado cualquier operación adicional.
Una reserva creada con bitcoin incautado
Patrick Witt, que hasta octubre dirigió el consejo de criptomonedas de la Casa Blanca, aseguró en un pódcast que el presidente sigue interesado en aumentar las tenencias de Bitcoin del Gobierno. Según su relato, la Administración ha debatido ampliamente cómo hacerlo, pero por ahora no ha anunciado nuevas adquisiciones.
La reserva estratégica de Bitcoin se creó en marzo de 2025 mediante una orden ejecutiva. Su saldo inicial está compuesto por los activos digitales que ya estaban en manos del Gobierno estadounidense, procedentes principalmente de incautaciones realizadas en causas penales.
La misma orden encargó a los departamentos del Tesoro y de Comercio que estudiasen fórmulas para ampliar la reserva sin coste neto para las arcas públicas. En la práctica, cualquier compra adicional tendría que plantearse de forma presupuestariamente neutral, de modo que no implicase un gasto neto para los contribuyentes.
El Congreso tiene la última palabra sobre el gasto
El principal obstáculo señalado por Witt es de naturaleza legal. El exasesor explicó que existen dudas sobre si el Ejecutivo puede adquirir Bitcoin directamente en el mercado, dado que la Constitución y el marco presupuestario estadounidense reservan al Congreso el control del gasto federal.
Ante esa incertidumbre, la Casa Blanca habría optado por actuar con cautela. De acuerdo con Witt, el Gobierno quería evitar que una operación considerada demasiado agresiva desencadenase una respuesta legislativa que prohibiera expresamente las compras de Bitcoin.
El debate ya había quedado reflejado en las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent. En agosto del año pasado afirmó inicialmente que Estados Unidos no compraría más Bitcoin y que la reserva solo recibiría los activos incautados por el Gobierno. Ese mismo día matizó su posición y señaló que el Tesoro seguía buscando mecanismos presupuestariamente neutrales para adquirir más unidades y ampliar las tenencias.
La orden ejecutiva deja abierta la continuidad de la reserva
La base legal actual también plantea dudas sobre la permanencia de la reserva. Al haber sido creada mediante una orden ejecutiva, un futuro presidente podría revocarla en teoría. Una ley aprobada por el Congreso ofrecería una protección jurídica mayor, aunque esa alternativa parece más difícil desde el punto de vista político tras las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras.
Por ahora, la posición del Gobierno combina interés político y prudencia jurídica. Trump sigue defendiendo la posibilidad de aumentar la reserva estratégica, mientras los departamentos implicados estudian cómo hacerlo sin generar un coste neto y sin exceder las competencias del Ejecutivo. Hasta que esas cuestiones queden resueltas, Estados Unidos mantiene la reserva formada principalmente por Bitcoin incautado y no ha comunicado nuevas compras.
