El acuerdo que los republicanos del Senado de Estados Unidos presentan como la versión definitiva de la Ley CLARITY afronta una oposición más amplia apenas unas horas antes de la votación clave. Bancos, senadores demócratas, fiscales generales estatales, defensores de los desarrolladores y representantes de los casinos tribales consideran insuficientes varios de los cambios introducidos en el proyecto.
La votación de procedimiento sobre el proyecto H.R. 3633 está prevista para las 14:15, hora del Este de Estados Unidos, y requerirá 60 votos para que el Senado pueda iniciar el debate. Los republicanos aseguran haber incorporado 126 modificaciones sustanciales solicitadas por los demócratas, además de nuevas disposiciones sobre ética, recompensas vinculadas a stablecoins, desarrolladores y mercados de predicción. Sin embargo, las revisiones no han cerrado las principales grietas del texto.
Los demócratas cuestionan las garantías de ética
Una de las últimas disputas se centra en las normas aplicables a altos cargos federales con intereses financieros relevantes en criptomonedas. La versión revisada les obliga a desprenderse de esos activos o a depositarlos en fideicomisos ciegos cualificados. También concede a los fiscales generales estatales ciertas competencias para hacer cumplir las restricciones.
El equipo de la senadora Elizabeth Warren sostiene que ese poder estatal es más limitado de lo que presentan los republicanos. Según sus argumentos, el Departamento de Justicia conservaría atribuciones esenciales y las actuaciones estatales podrían quedar bloqueadas cuando los responsables de ética de la Casa Blanca hubieran autorizado la conducta cuestionada.
La objeción afecta a uno de los argumentos centrales del compromiso: que la supervisión no dependa únicamente de una Administración que podría tener que investigar los posibles conflictos de sus propios funcionarios. El senador Richard Blumenthal también rechazó el nuevo texto y acusó a Donald Trump de utilizar las criptomonedas para obtener beneficios de la presidencia. Chris Van Hollen, por su parte, afirmó que persisten lagunas relacionadas con los intereses cripto de Trump y que el proyecto no hace lo suficiente contra la financiación ilícita ni para proteger a los consumidores.
La oposición se ha extendido además a los estados. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabeza una coalición bipartidista de otros 17 fiscales generales que advierte de que la ley podría debilitar las competencias estatales de registro y lucha contra el fraude, al tiempo que ampliaría la capacidad de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para desplazar normas estatales. La oficina de James cifra en más de 330 las acciones estatales contra el fraude relacionado con criptoactivos desde 2017.
Los bancos rechazan el mecanismo para las stablecoins
Los grupos bancarios tampoco consideran suficiente la salvaguarda añadida para afrontar el posible traslado de depósitos hacia stablecoins. El texto permite al secretario del Tesoro intervenir si esos activos provocan una salida sustancial de depósitos de los bancos comunitarios.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, ha respaldado la disposición y ha asegurado que utilizaría esa autoridad si las stablecoins dañaran al sector. La banca, sin embargo, sostiene que el mecanismo permitiría que el perjuicio comenzara antes de que llegara la respuesta regulatoria. Ocho asociaciones del sector, entre ellas la American Bankers Association y la Independent Community Bankers of America, reclaman prohibir directamente las recompensas e incentivos que funcionen como intereses sobre depósitos.
Su argumento es que las recompensas ofrecidas por plataformas de criptomonedas y entidades afiliadas podrían convertir las stablecoins en sustitutos de los depósitos tradicionales y reducir los fondos disponibles para el crédito local. Christopher Williston VI, presidente de la Independent Bankers Association of Texas, calificó el nuevo mecanismo del Tesoro de irrelevante.
Desarrolladores, mercados de predicción y apoyo tecnológico
Los defensores de los desarrolladores han identificado otro recorte. CLARITY mantiene la protección regulatoria para que escribir software no convierta por sí solo a un desarrollador en transmisor de dinero o entidad financiera, y extiende esa cobertura a mineros y validadores. No obstante, los republicanos eliminaron las referencias explícitas al artículo 1960 del título 18 del Código de Estados Unidos, relativo a los negocios de transmisión de dinero sin licencia.
Jason Somensatto, director de política de Coin Center, considera decepcionante esa limitación. A su juicio, la protección regulatoria sigue siendo útil, pero la ausencia de garantías frente al derecho penal aumenta la importancia del litigio de Michael Lewellen contra el Departamento de Justicia.
La Asociación Nacional de Juego Indígena mantiene asimismo su rechazo a las disposiciones sobre mercados de predicción y juego tribal. Su presidente, David Z. Bean, afirma que los cambios no protegen de forma expresa las leyes estatales y tribales ni la Ley Reguladora del Juego Indígena. La senadora Cynthia Lummis discrepa y sostiene que la asociación fue consultada sobre la solución adoptada.
En el lado favorable al proyecto, Y Combinator ha defendido que una delimitación más clara de las responsabilidades regulatorias facilitaría a los fundadores de empresas financieras estadounidenses desarrollar productos basados en blockchain. La votación pondrá a prueba si ese respaldo y las concesiones introducidas bastan para alcanzar los 60 votos. Si no los obtiene, el Senado ni siquiera podrá comenzar a debatir una ley que llega a la sesión decisiva con más oposición que consenso.
