Los republicanos del Senado de Estados Unidos han presentado una versión revisada de la CLARITY Act con 126 cambios sustantivos reclamados por los demócratas durante más de un año de negociaciones. El texto se someterá el martes a una votación de procedimiento que exigirá 60 votos y que, si prospera, abrirá el debate formal sobre el proyecto.
La votación sobre la clausura de la moción para iniciar la tramitación de la H.R. 3633 está prevista para las 14:15. En caso de superar ese trámite, los republicanos prevén presentar el texto final como una enmienda sustitutiva. No supondría todavía la aprobación de la ley, sino el paso a la siguiente fase de debate y posibles enmiendas.
Ética y protección de los depósitos bancarios
La última ronda de modificaciones se concentra en cuatro desacuerdos que seguían abiertos: las reglas éticas aplicables a funcionarios federales, la protección de los bancos ante una posible salida de depósitos vinculada a las stablecoins, el alcance de las garantías para desarrolladores y las obligaciones de los intermediarios de materias primas digitales.
En materia de ética, el proyecto concede a los fiscales generales estatales un papel en la aplicación de las restricciones a determinados cargos públicos que emitan o patrocinen activos digitales, o que mantengan intereses financieros relevantes en empresas emisoras. Las personas afectadas tendrían que desprenderse de esas inversiones o depositarlas en un fideicomiso ciego cualificado.
Las infracciones podrían acarrear una multa civil equivalente al 20% de la contraprestación recibida en una operación prohibida o de 500.000 dólares, la cantidad que resulte mayor. Estas disposiciones entrarían en vigor 360 días después de la promulgación de la ley o 60 días después de la norma definitiva de aplicación, según cuál de los dos plazos llegue antes.
El acuerdo también incorpora un mecanismo de contingencia para los bancos comunitarios. Si el secretario del Tesoro determina por escrito que se está produciendo una salida sustancial de depósitos de esas entidades, el Departamento del Tesoro tendría que aprobar reglas para limitar las recompensas ofrecidas a los titulares de stablecoins de pago. Esta facultad caducaría 18 meses después de la entrada en vigor de la ley.
El texto mantiene además la prohibición de que determinados proveedores de servicios de activos digitales y sus filiales paguen a clientes estadounidenses intereses o rendimientos únicamente por mantener stablecoins de pago. Seguirían permitidas las recompensas vinculadas a la actividad o a las transacciones, sujetas a regulación. Los proveedores tampoco podrían presentar estos activos como depósitos bancarios, productos de inversión, productos respaldados por el Gobierno o productos asegurados por la FDIC.
Menos margen para los desarrolladores y más controles de mercado
La versión final recorta una de las protecciones más vigiladas por la industria. Elimina el lenguaje que podía haber extendido de forma más directa la Blockchain Regulatory Certainty Act a determinados casos penales de transmisión de dinero. Se conserva la protección para que los desarrolladores de software no sean considerados transmisores de dinero o entidades financieras bajo la Ley de Secreto Bancario únicamente por desarrollar software, pero desaparece la referencia al artículo 1960 del Código Penal federal, relativo a negocios de transmisión de dinero sin licencia.
Mineros y validadores, que antes quedaban fuera de esta disposición, pasan a estar incluidos. Los republicanos describen el cambio como una limitación de las protecciones al ámbito civil, incluida la Ley de Secreto Bancario. El título dedicado a la agricultura restringe además ciertas garantías de los desarrolladores a las operaciones al contado, por lo que la regulación de derivados queda fuera de ese escudo.
Ese mismo apartado refuerza los controles sobre las operaciones de empresas vinculadas y los conflictos de interés en bolsas, corredores y operadores de materias primas digitales. La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) tendría que establecer reglas para identificar, reducir y resolver esos conflictos, también en estructuras de negociación integradas verticalmente. La propuesta no obliga a separar las empresas afiliadas, pero permite a la CFTC actuar mediante normas de gobierno corporativo, transparencia, capital y protección al cliente.
Más exigencias en financiación, cumplimiento y protección al consumidor
El paquete de 126 cambios también reduce de 75 millones a 50 millones de dólares el límite anual de captación de fondos de la denominada “Regulación Cripto” y fija un máximo acumulado de 200 millones. Los emisores que recauden más de 25 millones de dólares deberán presentar estados financieros auditados. Además, el umbral de participación que activa determinadas restricciones de reventa baja del 5% al 3%.
La propuesta preserva expresamente las competencias de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra el fraude y la manipulación de mercado, así como las vías estatales de protección al consumidor. También incorpora reglas sobre mejor ejecución, protección de denunciantes, estados financieros anuales certificados y límites al uso de materias primas digitales propias para cumplir requisitos de capital.
En cumplimiento normativo, los corredores, operadores y bolsas de materias primas digitales quedarían sujetos a obligaciones de la Ley de Secreto Bancario y de sanciones. El proyecto amplía asimismo las facultades del Tesoro sobre operaciones extranjeras vinculadas a grandes riesgos de blanqueo de capitales, e introduce requisitos de registro, advertencias contra el fraude y divulgación para los operadores de quioscos de criptomonedas. Algunas operaciones de nuevos clientes tendrían que someterse a una retención de 72 horas.
La senadora Cynthia Lummis, junto con Tim Scott y John Boozman, sostiene que el texto recoge más de 120 demandas demócratas. La votación del martes determinará ahora si esas concesiones bastan para reunir el respaldo necesario y llevar la ley a la siguiente etapa del Senado.
