El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado luz verde al primer marco fiscal específico para los activos digitales, aunque el proyecto deja sin resolver dos de las principales reclamaciones del sector: un alivio más amplio para los pagos cotidianos con criptomonedas y el momento en que deben tributar las recompensas por minería y staking.
El comité aprobó por 38 votos a favor y 5 en contra la propuesta H.R. 10357, conocida como Ley de Certeza Fiscal de los Activos Digitales. El texto, modificado tras adoptar la alternativa presentada por su presidente, Jason Smith, pasa ahora al pleno de la Cámara de Representantes.
Los grupos de la industria han recibido el avance como un paso relevante, pero consideran que todavía deben introducirse cambios antes de una eventual aprobación definitiva. Alison Mangiero, directora de estrategia y responsable de política estadounidense del Crypto Council for Innovation (CCI), calificó la votación de histórica, aunque pidió revisar las reglas sobre el reconocimiento de ingresos por staking y minería y ampliar el tratamiento de minimis para las operaciones ordinarias con activos digitales.
Un alivio limitado para pagar comisiones
Uno de los cambios más concretos afecta a las comisiones de red y de transacción. El proyecto eliminaría el reconocimiento de ganancias o pérdidas cuando se utilicen activos digitales para abonar comisiones elegibles de hasta 10 dólares. La medida se aplicaría a las transmisiones realizadas después del 31 de diciembre de 2027.
En el caso de las comisiones de transacción, el activo empleado para pagar el cargo tendría que ser, por regla general, del mismo tipo que el utilizado en la transferencia subyacente. El objetivo es corregir una consecuencia de la consideración de las criptomonedas como propiedad por parte de la Agencia Tributaria estadounidense: gastar una cantidad de criptoactivos para cubrir una comisión de la cadena de bloques puede generar por sí mismo una operación fiscalmente imponible.
La industria considera, sin embargo, que el alcance es demasiado estrecho. La exención de 10 dólares se refiere a determinadas comisiones, no a las pequeñas compras realizadas con criptomonedas. El CCI quiere que el Congreso apruebe un umbral de minimis más amplio para las transacciones habituales, una diferencia importante para el uso de estos activos como medio de pago.
El paquete también contempla un tratamiento específico para determinadas monedas estables vinculadas al dólar y una opción contable simplificada para activos digitales negociados ampliamente. Además, extiende a otras áreas del sector algunas reglas habituales de los mercados financieros, como puertos seguros para préstamos, la valoración a precios de mercado para operadores y negociantes que cumplan los requisitos, y normas simplificadas para ciertas donaciones benéficas.
La fiscalidad del staking sigue pendiente
La propuesta establece que los ingresos procedentes de actividades de validación de activos digitales tendrán la consideración de ingresos ordinarios. También fija reglas para determinar dónde se generan esos ingresos, atendiendo a la ubicación del contribuyente o de la operación empresarial correspondiente.
El texto permitiría asimismo que determinados fondos de inversión en forma de fideicomiso hagan staking sin perder por ese solo motivo su condición fiscal. Pero no incorpora el aplazamiento que el sector había planteado en propuestas anteriores: permitir a algunos mineros y validadores diferir la tributación de los tokens recién creados hasta su venta.
La cuestión del momento de tributación puede ser especialmente relevante para quienes reciben recompensas en tokens sin obtener efectivo al mismo tiempo. Si el ingreso se reconoce de inmediato, el operador puede afrontar una obligación fiscal antes de vender esos activos y quedar expuesto a las variaciones de precio entre la recepción y la liquidación.
Más reglas para inversores y una vía para las DAO
Las concesiones llegan acompañadas de restricciones. H.R. 10357 extendería a los activos digitales las normas sobre ventas ficticias y ventas constructivas, cerrando estrategias fiscales que hasta ahora podían utilizarse porque las criptomonedas quedaban, en general, fuera de reglas aplicadas a valores y otros instrumentos financieros.
El proyecto también encarga al Tesoro que publique, en un plazo de 12 meses, directrices sobre la fiscalidad de entidades extranjeras vinculadas a organizaciones autónomas descentralizadas (DAO). Entre las posibilidades figuran mecanismos para que determinadas fundaciones se reorganicen como sociedades estadounidenses y puertos seguros temporales para entidades creadas antes del 14 de septiembre.
Miles Jennings, responsable de política y asesor jurídico general de a16z crypto, sostuvo que la iniciativa podría aportar más claridad a los emprendedores y facilitar el retorno de fundaciones cripto a Estados Unidos bajo una estructura fiscal nacional. El CCI también ve potencial para atraer innovación y empleo, aunque insiste en que el texto aún necesita ajustes técnicos antes de completar su recorrido legislativo.
