El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado por 38 votos a 5 la Ley de Certeza Fiscal para los Activos Digitales (H.R. 10357), el primer paquete legislativo amplio del país sobre la tributación de las criptomonedas. El texto aborda pagos, monedas estables, compraventa, préstamos, staking y minería, aunque deja sin resolver dos de las principales reclamaciones del sector: una exención más amplia para pequeños pagos y el aplazamiento de la tributación de las recompensas obtenidas mediante staking y minería.
La comisión aprobó la versión modificada por el presidente del comité, Jason Smith, y ordenó que se remita favorablemente para su tramitación ante el pleno de la Cámara. Las asociaciones del sector han valorado el avance, pero consideran que el proyecto todavía necesita cambios antes de una eventual aprobación definitiva.
Una exención limitada para las comisiones de red
Uno de los cambios más concretos afecta al uso de activos digitales para pagar comisiones de red y de transacción. El proyecto eliminaría, para operaciones realizadas después del 31 de diciembre de 2027, el reconocimiento de ganancias o pérdidas cuando el activo empleado cubra una comisión elegible de un importe máximo de 10 dólares.
La medida responde a una consecuencia de la consideración fiscal de las criptomonedas como propiedad por parte del Servicio de Impuestos Internos estadounidense. Bajo ese criterio, utilizar un activo digital para pagar una comisión de una cadena de bloques puede constituir una transmisión sujeta a tributación, incluso cuando el importe sea reducido.
Sin embargo, el alivio no se extiende a cualquier compra cotidiana realizada con criptomonedas. La disposición se limita a determinadas comisiones y, en el caso de las transacciones, exige por lo general que el activo utilizado para pagar sea del mismo tipo que el empleado en la operación principal.
El Consejo de Innovación Cripto reclama una exención de minimis más amplia para las operaciones ordinarias de pequeño importe. Alison Mangiero, directora de estrategia y responsable de política estadounidense de la organización, calificó la votación de paso histórico, aunque señaló que el Congreso aún puede modificar el momento en que se reconocen los ingresos procedentes del staking y la minería.
Más reglas para los mercados y los inversores
El texto contempla un tratamiento específico para determinadas monedas estables vinculadas al dólar y crea una opción contable simplificada para activos digitales ampliamente negociados. También extiende a otras áreas del sector ciertos mecanismos ya utilizados en los mercados financieros tradicionales, como salvaguardas para operaciones de préstamo, la valoración a precios de mercado para operadores y agentes elegibles y normas simplificadas para algunas donaciones benéficas.
El paquete no solo incorpora ventajas fiscales. También ampliaría a los activos digitales las reglas contra las ventas ficticias y las operaciones de venta constructiva. Estas normas pretenden cerrar estrategias que han seguido disponibles porque las criptomonedas, en términos generales, no estaban incluidas en las restricciones aplicadas a valores y otros instrumentos financieros.
El momento de tributar por el staking sigue abierto
La propuesta sí establecería que los ingresos derivados de actividades de validación de activos digitales tienen la consideración de renta ordinaria. Además, fijaría criterios para determinar dónde se generan esos ingresos, atendiendo a la ubicación del contribuyente o de la actividad empresarial correspondiente. Los fondos de inversión que cumplan los requisitos también podrían hacer staking sin perder su condición fiscal únicamente por llevar a cabo esa actividad.
Lo que no incluye el proyecto es el aplazamiento solicitado en propuestas anteriores. Esa opción habría permitido a determinados mineros y participantes en staking diferir el reconocimiento de los tokens recibidos hasta su venta.
La cuestión es relevante porque las recompensas pueden generar una obligación tributaria antes de que el receptor haya obtenido efectivo al venderlas. Entre ambos momentos, el precio de los tokens puede variar, lo que deja a mineros y validadores expuestos a una factura fiscal cuyo importe no coincide necesariamente con el valor finalmente realizado.
La iniciativa también encarga al Tesoro que publique, en un plazo de 12 meses, orientaciones sobre la tributación de entidades extranjeras vinculadas a organizaciones autónomas descentralizadas. El mandato incluye posibles vías para que determinadas fundaciones se transformen en sociedades nacionales y refugios temporales para entidades creadas antes del 14 de septiembre.
Miles Jennings, responsable de política y asesor jurídico principal de a16z crypto, consideró que esa disposición podría aportar más claridad a los emprendedores y facilitar el retorno de algunas fundaciones al país. Para el sector, no obstante, el avance legislativo sigue siendo parcial: el proyecto acerca los activos digitales al tratamiento de instrumentos financieros tradicionales, pero mantiene pendientes varias fricciones que afectan a los pagos y a la participación en redes.
